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Gobernadores y líderes opositores dicen que el decreto es un llamado a la "guerra civil" y un "golpe a la democracia".
Soledad Álvarez. La Paz. EFE
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 Caliente. Simpatizantes de Evo Morales protestan contra los opositores. (Foto: EFE) |
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El presidente Evo Morales ha desatado un nuevo "terremoto político" en Bolivia al convocar el referendo de la nueva Constitución mediante un decreto o "decretazo", como ya se conoce en el país.
Morales tomó el 67.4 por ciento de apoyo que logró en el referendo revocatorio del 10 de agosto, como un "mandato del pueblo" para avanzar en su "proceso de cambio" y por eso decretó, tal y como le pidieron sus bases, que los bolivianos acudan a las urnas el 7 de diciembre para ratificar la nueva Constitución.
Así, el presidente indígena puso el "dedo en la llaga" de la crisis boliviana, ya que el proyecto de Carta Magna que aprobó la Asamblea Constituyente a finales del 2007, en medio de la polémica y la confrontación, cuenta con el rechazo frontal de sus opositores partidarios y regionales.
"RESISTENCIA CIVIL"
Las primeras reacciones de la oposición han sido llamar a la "resistencia civil" contra lo que consideran un "acto dictatorial" que, según esgrimen los oponentes de Morales, ahondará aún más en la polarización y división de Bolivia.
El sector oficialista, sin embargo, va por todas y aseguró que el referendo constitucional del 7 de diciembre se llevará adelante "con o sin la oposición", según el senador de Movimiento Al Socialismo (oficialista), Antonio Peredo.
Los analistas expresaron su temor de que se genere una espiral de violencia en el país, porque las posibilidades de diálogo y concertación han quedado cerradas.
"Nunca el acuerdo ha sido tan necesario y nunca ha estado tan lejos", opinó el sociólogo y ex constituyente Jorge Lazarte, quien ve en Bolivia un "proceso de desquiciamiento de la sociedad".
No obstante, Evo Morales anunció ayer, antes de partir de viaje hacia Libia e Irán, que seguirá intentando el acercamiento con los prefectos opositores de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca, misión que encomendó a cinco de sus ministros.
El analista Carlos Cordero consideró que el decreto de Morales sepultó cualquier posibilidad de diálogo "abierto y público", pero opinó que una negociación "de bajo perfil" con algunos opositores autonomistas podría rebajar una eventual "espiral de violencia".
La clave de esta negociación, según Cordero, sería la conciliación de los estatutos autonómicos aprobados unilateralmente por las regiones de líderes opositores con la nueva Constitución.
Estos expertos ven "ilegal" el "decreto combo" de Evo Morales, llamado así porque convoca también para el 7 de diciembre elecciones departamentales en La Paz y Cochabamba y comicios para designar autoridades provinciales en todo el país.
DATOS
Reuniones. El ministro de Hacienda, Luis Arce, buscará reunirse con el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, y el titular de Trabajo, Walter Delgadillo, con el de Tarija, Mario Cossío.
Pando y Beni. El ministro de Defensa Legal, Héctor Arce, intentará entrevistarse con el gobernador de Pando, Leopoldo Fernández; el de Salud, Walter Selum, con el prefecto de Beni, Ernesto Suárez, y el de Obras Públicas, Óscar Coca, con la de Chuquisaca, Savina Cuéllar.
Consulta constitucional
El Gobierno defiende la validez de las convocatorias y se basa en que el Congreso ya aprobó en febrero –con los votos oficialistas y en medio de un cerco violento en torno al Parlamento protagonizado por sectores afines a Morales– la ley para la celebración de la consulta constitucional. En aquel momento se fijó la fecha del 4 de mayo para el referendo constitucional, pero la Corte Nacional Electoral (CNE) resolvió suspender su organización por no darse las condiciones técnicas, legales, operativas y políticas.
Entre las muchas incógnitas que se plantean ahora en Bolivia está la de conocer cuál será la postura de la CNE, ante la convocatoria por decreto de la consulta constitucional.
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