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Organización de presos es parte de maquinaria fujimorista y está vinculada con la bancada de Alianza por el Futuro (AF).
Ángel Páez.
Los procesados y sentenciados por actos de corrupción durante el régimen de Alberto Fujimori, civiles y militares recluidos en el penal San Jorge, se han organizado y han lanzado un manifiesto en el que se autotitulan "presos políticos" y víctimas de un supuesto sistema judicial diseñado exclusivamente para castigar a quienes fueron parte, colaboraron o simpatizaron con el régimen de Fujimori (1990-2000).
Los ataques están dirigidos especialmente al Poder Judicial, en particular al tribunal presidido por el magistrado César San Martín Castro, que juzga al ex mandatario Fujimori.
Las acusaciones de los presidiarios fujimoristas también se concentran contra el primer ministro Jorge del Castillo Gálvez, a quien atribuyen influir sobre la administración de justicia para silenciar al "movimiento fujimorista" e impedir que Fujimori retorne al poder.
"Las cárceles se llenan por el 'criterio de conciencia' de los magistrados y por la reactivación de procesos por supuestos nuevos indicios antes que (por) pruebas objetivas", señalan los presos de San Jorge en un comunicado que circula también en el penal Castro Castro y en los despachos de legisladores fujimoristas, de donde obtuvo una copia La República.
TODO ESTÁ CALCULADO
"Lo más grave es que magistrados como César San Martín han manifestado públicamente que las leyes en un proceso penal judicializado quedan en un segundo plano, (respecto) a los principios que sólo él conoce y los magistrados, y no la ciudadanía ni los procesados", señalan en el manifiesto.
Otro de los blancos del ataque de los internos es el primer ministro Jorge del Castillo Gálvez, quien durante su presentación ante el tribunal que juzga al ex presidente Fujimori señaló a este como responsable de su detención arbitraria y secuestro en el BAP "Aguirre", durante el golpe de Estado del cinco de abril de 1992. Desde entonces, la legisladora Keiko Fujimori Higuchi y otros miembros de la bancada de Alianza para el Futuro (AF), mediante su vocero oficioso, el periódico "La Razón", despliega una intensa campaña para desacreditar a Del Castillo y presionar su salida. El manifiesto de los "presos políticos fujimoristas" reproduce los agravios de la maquinaria que encabeza Keiko Fujimori, que se dedica a cuestionar el proceso judicial contra su padre, precisamente cuando ha ingresado a su etapa final.
"El Poder Judicial se ha convertido en el principal violador de los principios y derechos constitucionales de la persona humana en el país con el aval y el impulso de Jorge del Castillo desde la Presidencia del Consejo de Ministros, que digita a las marionetas del Poder Judicial y en particular del fuero especial (el sistema judicial anticorrupción) creado por el toledato (el gobierno de Alejandro Toledo) y financiado por el PNUD", señala el comunicado. La prédica de los presidiarios es la misma que de la integrantes de la bancada fujimorista, que suelen usar al periódico "La Razón" para denostar al tribunal presidido por César San Martín y al premier Del Castillo.
DE Dónde Viene
El manifiesto sería una iniciativa del ex ministro Absalón Vásquez Villanueva, condenado a siete años de cárcel por su participación en la falsificación de firmas. De hecho, el manifiesto hace referencia al caso en el que está involucrado, al señalar que se trata de una "denuncia periodística antifujimorista en el proceso electoral del año 2000". El fraude electoral lo reveló el diario El Comercio.
"Somos conscientes del papel que nos ha tocado en este momento de opresión contra los fujimoristas, amigos y pueblo en general, y con dignidad les decimos desde la prisión: que nuestra lucha recién ha empezado y nuestras fuerzas están intactas para derrotar a lo más funesto de la sociedad que pretenden revertir su derrota política en victoria judicial", dicen los presidiarios fujimoristas.
La aparición de la organización de los "presos políticos fujimoristas" es otro engranaje más de la maquinaria montada por los colaboradores de Alberto Fujimori que pretenden la excarcelación de los reclusos o la liquidación de los procesos judiciales anticorrupción. Con ese objetivo, no han dudado en vincularse con personajes al servicio de Vladimiro Montesinos, como el abogado Jesús Harman Mallma, quien defiende al ex agente del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) Jesús Sosa Saavedra, uno de los ejecutores del "Destacamento Colina".
Ahora se explica por qué, desde el primer día en que fue detenido, Jesús Sosa desvinculó a Fujimori de las actividades criminales de Colina, versión que ha reiterado durante la rendición de su testimonio ante el tribunal. Sosa también ha dicho repetidas veces que siempre se ha limitado a cumplir órdenes, como ocurrió cuando participó en el asesinato de un espía ecuatoriano y otro peruano, en 1988, crimen que supuestamente se cometió con el conocimiento del presidente Alan García.
No es casual que en un tono de advertencia, el ex abogado de Fujimori y legislador fujimorista Víctor Sousa Huanambal, después de las declaraciones de Jesús Sosa, escribiera un artículo titulado: "Presidente García: está notificado, usted sigue". Se trata de una advertencia de que si Fujimori es condenado por hechos registrados durante su gobierno, lo mismo podría ocurrirle a García por actos de sangre en su primer periodo. La aparición de la organización de los "presos políticos del fujimorismo" también es una advertencia.
CLAVES
Conspiración. El manifiesto de los reclusos fujimoristas cuestiona al premier Jorge del Castillo de desaparecer el Programa del Vaso de Leche, con "criterios seudo técnicos (para) pretender privatizar el servicio para beneficio de algunos organismos no gubernamentales".
Nada es coincidencia. Es el mismo lenguaje que usó la coordinadora de los Comités del Vaso de Leche de Lima, Pilar Britto Álvarez, para salir en marcha de protesta contra Del Castillo, en conjunción con la legisladora fujimorista Martha Moyano.
La importancia de ser Harman y no Huamán
Cuando Vladimiro Montesinos defendía a policías en el fuero castrense se conoció con Jesús Harman Mallma, quien laboraba en esa jurisdicción.
Durante el fujimorato, Montesinos ubicó a Jesús Harman como auxiliar en la presidencia del Consejo Supremo de Justicia Militar (CSJM), para que oficiara de sus ojos y oídos. De hecho intervino en el proceso al 'Destacamento Colina'. Iba al SIN para informar personalmente a su socio.
Luego, cuando el ex asesor arribó a Lima luego de su detención en Venezuela, Harman se presentó como su defensor, incluso con mayores atribuciones que Estela Valdivia. A continuación Harman se acreditó como su abogado en el proceso que le abrieron a Montesinos tanto en Lima como en Bogotá por su participación en la venta de 10 mil fusiles Kalashnikov a las FARC.
Otro de los clientes de Jesús Harman es su colombroño, el comandante Jesús Zamudio Arteaga, asesino del "tupacamarista" Eduardo Cruz Sánchez, uno de los secuestradores de la residencia del embajador japonés Morihisa Aoki. Zamudio está prófugo.
Harman también defiende a Nelson Carbajal García, asesino del "Destacamento Colina". Durante el juicio, Harman afirmó que el ex agente Marco Flores Albán sufría de alteraciones mentales, por lo tanto su testimonio no servía. Lo hizo después de que Flores entregó a la justicia las planillas de Colina que demostraban su financiamiento por parte de la Dinte, que a su vez recibía fondos aprobados por Fujimori.
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