Mirko Lauer.

En estos tiempos la marca de fábrica de un fujimontesinista, abierto o encubierto, es el odio a la justicia internacional. No debe sorprender, entonces, que sus voceros anden en campaña contra la Corte Penal Internacional, CPI, o reclamen nuestro retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.

La campaña por momentos se confunde con los ataques personales a Diego García Sayán, a quien no le pueden perdonar haber, como ministro, puesto en marcha el juicio y encarcelamiento de un par de cientos de individuos, entre rateros y asesinos, del régimen fujimontesinista. Los ataques contra García Sayán carecen de fundamento alguno, más allá del más bien estúpido remoquete de caviar.

El temor del fujimontesinismo ante la CPI es porque creen que un nuevo foro de acusaciones penales podría empeorar la situación de los ya presos o comprometer la de quienes andan libres, e incluso gobernando un poco. Un temor adicional es que ingrese a la CPI un abogado anticorrupción tan decidido como García Sayán.

Pero los fujimontesinistas tienen poco que temer de este lado. La CPI no actúa ante cualquier violación de derechos humanos, sino ante atrocidades particularmente graves. Además sólo tiene competencia por hechos ocurridos con posterioridad a la entrada en vigencia de su estatuto, que fue el primero de julio del 2002.

Quien parece tenerle un temor cerval a García Sayán, y que se lo contagia a un par de medios locales, es el vicepresidente Luis Giampietri, hoy Primer Fujimontesinista de la Nación. Hace unos días en un diario se tomó la libertad de cuestionar la probable candidatura de García Sayán a la CPI.

En efecto, el mandato del juez boliviano René Blattmann concluye en la primera mitad del 2009. Ha transcendido que se presentaría la candidatura de García Sayán cuando se abra en las próximas semanas el período para presentarlas. El ex Canciller y ex ministro de Justicia reúne las calificaciones profesionales y morales para la función.

El fujimontesinismo plantea que la CPI es algo así como un asunto de las ONG. Pero la verdad es que 106 países del sistema de las Naciones Unidas ya pertenecen a ella, y solo hay siete países omisos. EEUU no ha firmado, como tampoco ha firmado el protocolo de Kyoto sobre medio ambiente, para no atarle las manos a su ejército.

La CPI tiene sus antecedentes en el Tribunal de Nuremberg que juzgó a los criminales nazis o, en los años 90, en los establecidos para juzgar los casos de Rwanda o la ex Yugoslavia. Fue creada en Roma en 1998 por los Estados (y no por las ONG) cuando se aprobó el llamado Estatuto de Roma por votación abrumadora de los países del planeta.