Sinesio López Jiménez

Lo que decide entonces, al final, no es la ley sino la correlación política de fuerzas. La coalición entre el Estado y las corporaciones concesionarias toma la iniciativa del despojo apelando a la fuerza y al engaño. Los propietarios de la renta del suelo (los campesinos) se organizan para defender su propiedad y demandan al mismo tiempo la solidaridad de la esfera pública y la sociedad civil. Y lo hacen con razón porque, a lo largo de la historia, muchos de ellos han sido frecuentemente despojados de su propiedad que es su única fuente de ingreso y de reproducción de su existencia. Si logran formar una amplia coalición de apoyo a sus exigencias, aíslan al Estado que, entonces, vuelve al ataque, apelando a medios legítimos y no legítimos (amenazas, psicosociales, violación de derechos, etc.) y termina imponiéndose a través del despojo y de la fuerza para favorecer a las grandes corporaciones. El respaldo de algunos medios vinculados generalmente al mundo empresarial ayuda a legitimar ese despojo. Esta ha sido y es la fórmula histórica que se aplica en el Perú.

Existen, además, cuatro problemas básicos que no siempre se han resuelto bien para obtener los beneficios esperados para los peruanos cuando el Estado concede la explotación de los recursos naturales a las grandes corporaciones: la negociación del tamaño de la renta que estas deben dejar al país, la distribución de esa renta en el territorio, el uso y destino de la misma y la capacidad de gerenciar y gestionar el gasto y la inversión en actividades productivas. Basadre encontró (históricamente) siempre deficitaria la negociación del tamaño de la renta para el Estado, producto de una combinación de incapacidad y corrupción. ¿De qué depende la capacidad de negociación del Estado? Hay varios factores: la calificación de los gobernantes y funcionarios del Estado; el funcionamiento eficiente, transparente y creíble de las instituciones; la posesión de algunos recursos económicos claves y el dominio sobre todo el territorio en el que Estado tiene jurisdicción.

Todos estos elementos definen el grado de autonomía de los Estados que es el factor decisivo en la capacidad de negociación del tamaño de la renta. La distribución de la renta (canon, impuestos, regalías) es un asunto complejo cuya solución tiene que partir de su injusta e irracional distribución actual en el territorio y entre los peruanos para llegar a una distribución equitativa que combine mecanismos de compensación (para las regiones que no reciben nada o poca renta) y premios (para las regiones que la cosechan). El uso y el destino de la renta plantean el tema del desarrollo. Este es una tarea del Estado, de las regiones y de los empresarios nacionales y regionales. A las corporaciones no les interesa el desarrollo sino la maximización de sus ganancias. Ello no obstante, el Estado debiera exigir que los eslabonamientos que generan las actividades extractivas sean desarrollados por empresarios nacionales y regionales. Ello exige un organismo planificador del desarrollo (CEPLAN) que debiera ser integrado por los representantes del gobierno central, de los regionales y de la empresa privada, incluidas las MYPES. De este modo, se supera el dispendio actual de la renta en gastos corrientes, en burocracia y en clientelas locales.

Finalmente, la gerencia y la gestión de la capacidad de gasto e inversión dependen de la calificación de los funcionarios del Estado tanto central como regional y local, por un lado, y de la capacidad de construir instituciones eficientes y transparentes, por otro. Todo esto depende, a su vez, de la forma de gobierno cuyo debate debiera colocarse en la agenda pública como reforma de la Constitución. El peor enemigo de la formación de las élites estatales calificadas y de las instituciones sólidas y transparentes es el presidencialismo plebiscitario (caudillismo sin intermediaciones). Si se quiere mantenerlo, entonces habría que impulsar un presidencialismo renovado de coaliciones, que es más amigable con una élite estatal vigorosa y con las instituciones eficientes, transparentes y creíbles.