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Por Susana Villarán
El trabajo de nuestra gente debiera ser nuestra mayor riqueza, la mejor carta de presentación del Perú en un mundo crecientemente competitivo. No queremos distinguirnos por tener salarios bajos; menos aún por la creciente explotación laboral. Nuestro sueño es sobresalir por nuestros buenos empresarios y por trabajadores, mujeres y hombres, capacitados, productivos, bien pagados y protegidos que participen plenamente en la vida social y política de nuestra patria. Esa es una ilusión aún. Son muy pocos los que descansan hoy y la mayor parte no celebra la fiesta este 1 de mayo.
Solo uno de cada ocho hombres y mujeres de la PEA tiene un empleo formal: derechos sociales básicos y protección social. El resto tiene que agenciarse ingresos en forma precaria o trabajar sin condiciones mínimas de salario y protección. Una buena parte de la población en situación de pobreza lo es por falta de trabajo digno. Siendo el empleo un derecho, es muy difícil para miles de jóvenes peruanos encontrar empleo decente donde se les capacite y aprecie como actores claves del desarrollo. Los alejamos del país o los enviamos al camino de la violencia.
El crecimiento ininterrumpido de la economía peruana en los últimos cinco años ha mejorado algo el empleo: una mayor tasa de ocupados y una caída modesta del desempleo y subempleo, pero no es suficiente. En los últimos tres años, pese a haber mejoras importantes en la productividad de nuestros trabajadores y trabajadoras, sus ingresos no han mejorado y hoy están amenazados por el preocupante aumento de los precios de los alimentos básicos.
Quienes celebran la fiesta son otros, no los trabajadores. Mientras las utilidades de las empresas aumentaron del 52% del PBI en 1990 a un 62% en el 2006, las remuneraciones cayeron de 30% al 22% en el mismo lapso. Casi dos décadas de políticas económicas neoliberales han sido eficaces para distribuir el ingreso entre los más ricos y nefastas para dar mayor trabajo y mejor remuneración al trabajo de millones de compatriotas.
El actual partido en el gobierno –que reivindica su raíz popular– ha hecho muy poco o nada por el trabajador. No quiere hacer una reforma tributaria de fondo y renunció al derecho soberano de ampliar la base tributaria de empresas mineras con ingresos extraordinarios. Ha sido incapaz de impulsar el debate de una nueva Ley del Trabajo y tampoco ha cumplido con su promesa electoral de eliminar el abuso en los services.
Para celebrar la fiesta necesitamos un modelo económico que genere crecimiento con equidad y promueva empleo descentralizado y de calidad. Ello no es posible sin una profunda reforma tributaria que revierta un patrón de concentración de ingresos inaceptable. Un modelo que replantee los incentivos para producir hacia las regiones y hacia las actividades de millones de emprendedores urbanos y rurales que hoy no son visibles para quienes deciden las políticas públicas pero que se han convertido en ejemplo de trabajo productivo para salir de la pobreza.
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