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Ronald Gamarra.
Hace unos días renunciaron al doctor Luis Salgado de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de DDHH del Ministerio de Justicia. Por cierto, la noticia, perdida entre la desvergüenza del Congreso en el caso Tula Benites y el deceso de la Fiscal de la Nación, no ha generado mayor comentario público.
Los motivos de la defenestración solo los conocen algunos iniciados: el presidente Alan García, la doctora Rosario Fernández y el mismo Salgado. A los demás mortales solo nos queda buscar una respuesta. En ese intento, algunos señalan la postura de Salgado en el tema Ivcher (cuestionó el arbitraje que llevó al Estado a comprometerse a entregarle la suma de 20 millones de soles como reparación por la persecución fujimorista de la que fue objeto); y otros, su posición respecto a la justicia militar (cuestionó la ley que permite el nombramiento de los militares jueces al margen del CNM).
Salgado acertó en tales críticas. Hay que reconocerle el mérito. Aunque claro está, viejo militante del PAP, en sus 19 meses al frente del cargo cerró filas y negó la responsabilidad del Estado peruano en determinados casos de violaciones a los DDHH pendientes ante el sistema interamericano, particularmente aquellos perpetrados durante el primer gobierno de Alan García; no impulsó adecuadamente el plan nacional de DDHH; y no se interesó en el proceso de judicialización de los crímenes del pasado.
En su reemplazo, el gobierno ha designado a Miguel Facundo Chinguel, también militante aprista, sin ninguna experticia conocida en materia de DDHH. Algo que ciertamente no sorprende pues, salvo Salgado, el partido de la estrella no cuenta con cuadros en esta materia. La carta de presentación de don Facundo es más o menos la siguiente: abogado, ex asesor de la Dirección Nacional de Ecología y Medio Ambiente del PAP, ideólogo e historiador del Apra, derrotado candidato al Congreso, miembro de un fantasmal Consejo Nacional de Derechos Civiles y ex director de Serpost. De derechos humanos, nada de nada.
Dado que los compañeros de Alfonso Ugarte lo presentan como "pintado" para el cargo hubo que preguntar por el personaje y bucear en busca de su récord en DDHH. De esta manera nos topamos con una incursión de don Facundo en el caso Accomarca, en marzo de 2005, pero no, amigo lector, para demandar justicia y verdad en nombre de los campesinos asesinados en 1985, sino para denunciar al entonces presidente Toledo, a la fiscal Cristina Olazábal y a Francisco Soberón y Gloria Cano, de APRODEH, como los temibles integrantes de una súper organización delictiva, nacida en la Casa de Pizarro y acunada en los predios de Pachacútec, con el único propósito de perseguir a Alan García e involucrarlo falsamente en violaciones a los DDHH.
En ese entonces, su burda denuncia no prosperó. Sin embargo, tres años después, ella le permite recibir una condecoración por acción distinguida. |
