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Abrumada por las pruebas. Llama "errores" a crímenes de lesa humanidad de La Cantuta y Barrios Altos.
 Embarrados. Keiko y su padre Alberto Fujimori en las finales del régimen que creó a los Colina. (Foto: Archivo) |
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Abrumada por las pruebas, Keiko Fujimori, congresista e hija del ex dictador Alberto Fujimori, admitió ayer la existencia del destacamento Colina, aunque, según ella, su padre no conocía su existencia ni aprobó los planes de aniquilamiento.
"Nadie duda de que el grupo Colina existió, pero para las agencias de noticias (la BBC de Londres y EFE) no hay pruebas que incriminen a mi padre. Él es inocente", sostuvo Keiko Fujimori en diálogo con RPP.
La hija del ex dictador solo reconoció que se cometieron algunos errores que se tradujeron en la muerte de personas. Sin embargo, atribuyó esos errores a algunos militares, de los que, subraya, no se puede culpar a su padre.
La declaración de Keiko se produce después de que en esta última semana los ex jefes de inteligencia del Ejército coroneles Víctor Silva Mendoza y Alberto Pinto Cárdenas reconocieron la existencia de dicho destacamento.
Hasta hace 10 días, sobre todo con el testimonio del ex jefe de Colina Santiago Martín Rivas y Federico Navarro Pérez, la defensa de Fujimori insistía en negar la existencia de dicho grupo. Precisamente los artículos de la BBC y EFE que mencionó Keiko se referían a lo dicho por Martin y Navarro a fines de febrero.
JUEZA EMBARGÓ A EX DICTADOR
1) La jueza Antonia Saquicuray ordenó el embargo preventivo de los bienes del ex presidente Alberto Fujimori, al iniciarle un nuevo proceso por entregar 30 mil dólares del Estado a un grupo de mototaxistas de Chiclayo para que apoyen su reelección en el año 2000, según la denuncia de la fecha.
2) Sin embargo, Fujimori no podrá ser juzgado públicamente por este caso, porque no está incluido en el proceso de extradición, a menos que se solicite a Chile una ampliación de cargos en el futuro.
3) Por el proceso de extradición Fujimori solo puede responder ante la justicia por dos casos de violación de derechos humanos y cinco de corrupción de funcionarios, entre ellos, pagos a Montesinos y congresistas tránsfugas.
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