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En 1989, cámaras de Diputados y Senadores acusaron a los magistrados por liberar a acusado de narcotráfico a pesar de existir pruebas.
Miguel Gutiérrez R. Unidad de Investigación.
 Con corona. Las cámaras de Diputados y Senadores concluyeron que vocales supremos favorecieron a Perciles Sánchez. |
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La familia Sánchez Paredes rechaza la investigación por presunto lavado de activos del narcotráfico alegando que su pariente involucrado en dicho delito, Perciles Sánchez Paredes, resultó absuelto del cargo de tráfico ilícito de drogas por la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema, mediante una sentencia del 8 de agosto de 1988. Pero lo cierto es que esta es solo una parte de la historia.
Los cuatro vocales supremos que suscribieron el fallo que salvó a Perciles Sánchez de una condena de 15 años de prisión fueron investigados por el Parlamento y luego acusados por infracción constitucional y prevaricato. Los magistrados simplemente obviaron los testimonios y las pruebas que incriminaban a Perciles Sánchez y ordenaron su libertad inmediata.
SENTENCIA CON TRAMPA
De hecho, Perciles Sánchez Paredes ya había sido condenado a 15 años por el Tribunal Correccional de La Libertad, pero cuando el proceso pasó a manos de los vocales Héctor Beltrán Rivera, Luis Portugal Rondón, Leonidas Vasallo Chirinos y Sinclair Seminario Rodríguez estos declararon que no existía suficiente evidencia contra el acusado. Sin embargo, condenaron a los otros siete coacusados de Perciles Sánchez Paredes.
En efecto, en una primera ejecutoria suprema del 8 de marzo de 1988, los vocales supremos confirmaron el fallo del Tribunal Correccional de La Libertad que alcanzaba a los acusados implicados en el intento de venta de 45 kilos de pasta básica de cocaína, pero dejaron pendiente el caso de Perciles Sánchez Paredes. Cinco meses después, el 8 de agosto de 1988, votaron a favor de la absolución Portugal Rondón, Beltrán Rivera, Vasallo Chirinos y Seminario Rodríguez. Por el contrario, se opusieron a la absolución los vocales supremos Guillermo Cabala Rossand y Carlos Espinoza Villanueva. Increíblemente, Beltrán Rivera, quien en un principio votó por confirmar la condena de Perciles Sánchez, cambió radicalmente de opinión, inclinando la balanza a favor del acusado.
A raíz de la escandalosa exculpación y excarcelación de Sánchez Paredes por parte de la Corte Suprema, la Cámara de Diputados constituyó una comisión especial de Acusación Constitucional contra los cuatro vocales. El 14 de noviembre de 1988, el grupo parlamentario emitió su informe, en el que concluye que los vocales acusados Beltrán Rivera, Vasallo Chirinos y Seminario Rodríguez absolvieron al procesado Perciles Sánchez pese a la existencia de pruebas contundentes.
ARREGLARON EXCULPARLO
 Diputados cuestionaron absolución de Perciles Sánchez Paredes. Haga click en la imagen para ampliar. |
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"Está demostrado que, no obstante la abundante prueba actuada en contra de Perciles Sánchez Paredes, fue finalmente absuelto (...) citando deliberadamente hechos falsos", señaló la comisión.
El grupo acusador también determinó que los vocales mintieron al sostener que contra Perciles Sánchez existía "un solo cargo", sin embargo la comisión especial halló en el expediente penal 39 párrafos que contenían imputaciones contra el procesado por narcotráfico.
Los diputados encontraron que los vocales deliberadamente utilizaron el argumento de que a Perciles Sánchez no se le halló droga para sustentar su decisión, pero esos mismos vocales condenaron a otros coinculpados, a quienes tampoco se les decomisó estupefacientes. Los magistrados omitieron que el procesado actuó "en su calidad de instigador" y que participó como "capitalista o financista" y que en ese caso "la prueba pertinente referida al instigador no es la incautación de droga en su poder".
Los investigadores parlamentarios determinaron que los vocales cuestionados utilizaron un criterio selectivo para medir a Perciles Sánchez de distinta manera en relación con el resto de los enjuiciados. Por ejemplo, a los inculpados Jorge Espinoza Alva y Lizardo Hernández Orbegoso, a quienes tampoco se les encontró droga, los vocales supremos los condenaron a diez años de prisión.
El cuestionamiento también alcanzó al fiscal supremo Pedro Méndez Jurado, a quien la comisión recomendó acusarlo por prevaricato, al haber opinado por la absolución de Perciles Sánchez.
"Absolvieron a Perciles Sánchez Paredes, no obstante la heterogénea, sólida y múltiple evidencia en su contra; las pruebas fueron omitidas, y, por ende, no apreciadas. No las merituaron porque de manera artificiosa sostienen que 'no existen', violando así la ley", concluyeron los diputados. "Simultáneamente, aprobaron la condena impuesta a los otros siete procesados restantes, sin considerar que la situación jurídica de dos de ellos –Espinoza Alva y Hernández Orbegoso– era incontestablemente mucho más favorable que la del absuelto (Sánchez Paredes) (...), cuya situación jurídica era por mucho más comprometida y desfavorable".
El 14 de noviembre de 1988, la Cámara de Diputados aprobó acusar constitucionalmente ante el Senado a los cuatro vocales supremos.El 17 de mayo de 1989, el primer vicepresidente del Senado, Alfonso Ramos Alva, y los senadores Esteban Ampuero Oyarce y Josmell Muñoz Córdova emitieron un dictamen en mayoría aprobando la acusación constitucional y el inicio de un proceso penal contra los vocales en los términos expuestos por la Cámara de Diputados.
Hoy la familia Sánchez Paredes se escuda en el cuestionado fallo absolutorio de la Corte Suprema para rechazar las imputaciones de narcotráfico contra su pariente Perciles Sánchez Paredes.
CLAVES
OTRO MÁS. El congresista Álvaro Gutiérrez señaló que Humberto Abanto Verástegui, ex asesor del ministro del Interior y congresista Luis Alva Castro, "tiene vínculos muy estrechos con los Sánchez Paredes". Señaló que siendo asesor de Alva, en 2003 se desempeñó como gerente general de la empresa Algamarca de los Sánchez Paredes. Demandó investigar a Alva Castro.
ACLARE. Gutiérrez indicó que a principios de 2007 Humberto Abanto trabajó con Alva Castro y que en julio de ese mismo año fue contratado como asesor externo del Fonafe.
El "mentor" de absolución es Perciles
La comisión de la Cámara de Diputados recomendó que la acusación constitucional se ampliara contra el fiscal supremo Pedro Méndez Jurado, por el delito de prevaricato.
De acuerdo con Guillermo Olivera Díaz, abogado contratado por la Cámara de Diputados como especialista penal, el fiscal supremo Pedro Méndez fue el "mentor de la absolución" de Perciles.
Los diputados encontraron que el dictamen de Méndez solicitando la absolución de Perciles Sánchez, y que es actualmente usado por la familia Sánchez Paredes para demostrar la inocencia de su pariente, fue la base para la irregular ejecutoria emitida por los vocales cuestionados.
"(El dictamen del fiscal supremo) pretende demostrar que (la acusación contra Perciles Sánchez) se debe (a la mala conducta del) mayor PIP Óscar Cornelio Cerna, que habría montado una estratagema contra el absuelto. Empero, el tal Cornelio no fue el instructor (del caso) que motivó la apertura de instrucción (contra Sánchez Paredes), sino el comandante PIP Roberto Quiroz Chávez". Quiroz ratificó que la droga incautada le pertenecía a Perciles Sánchez Paredes.
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