Susana Villarán.

No puede rasgarse las vestiduras Ismael Benavides frente a la medida de protesta de la Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego. Estaba cantada esta violencia que nadie quiere ni justifica. Su frívola manera de orientar el sector hacia los intereses de los grandes inversionistas –como lo ordena el Señor Presidente en el Perro del Hortelano–, abona el terreno de la confrontación en un sector abandonado por 30 años. No es capaz de diseñar y ejecutar una política de desarrollo para el agro; no lo conoce. Debe irse.

Cuatro campesinos han muerto, tres de ellos con balas en la cabeza en Ayacucho y Pativilca, revelando un uso inaceptable de la fuerza y de la capacidad de fuego ante la protesta agraria. ¿Cuántos muertos más necesita Alva Castro para renunciar? El presidente García atizó este clima violento, atacando a los agricultores ante el anuncio del paro. Insinuó García que no pagan tarifas por el agua. Las cifras sostienen lo contrario sobre este sector, del que se recauda 80 millones de soles anuales; el minero paga mucho menos. No habrá paz social, cohesión, ni convivencia pacífica si no se resuelven las causas que motivan la protesta y que generan una violencia que nadie quiere.

Veamos algunas: el agro concentra a la mayor parte de los pobres y pobres extremos y está abandonado por décadas, salvo en los sectores de la agroexportación que emplea directamente a unos 100,000 de más de dos millones de agricultores. En segundo lugar, el TLC sacrificó al campesinado en una negociación desigual. Sin políticas de reconversión productiva, inversión en tecnología, y desarrollo humano y ambiental, lloverá sobre mojado sobre un sector mayoritariamente excluido. En tercer lugar, según afirma el experto Eduardo Zegarra, el año 2007 ha sido bastante difícil para nuestros productores agrarios, especialmente los de papa, leche y productos andinos. En medio de un crecimiento récord del PBI de 9%, varios cientos de miles de productores vieron caer sus ingresos. Por ejemplo, el precio promedio de la papa en chacra cayó en 12% mientras que el precio de la úrea subía en 30% a nivel nacional, y en Ayacucho subía en 40% y en Tacna en 47%. En todos estos casos nuestros productores han sufrido fuertes pérdidas porque los insumos han subido fuertemente mientras sus precios han caído o se han estancado. En cuarto lugar, el gobierno empeoró la situación en noviembre de 2007 reduciendo los aranceles de más de 4,000 partidas, incluyendo a todos los productos agrarios. Esta medida, orientada supuestamente a reducir los precios al consumidor por el rabo de paja de García frente al alza de precios, no ha generado mayor efecto. Se han perdido US$ 250 millones no recaudados, que podrían haber sido utilizados para diseñar un adecuado programa de reconversión agraria.

Es indispensable y urgente adoptar un Pacto Social por el Desarrollo Agrario que coloque a la agenda de competitividad de nuestros pequeños productores como eje central de la política pública.