Mirko Lauer.

El caso de la fiscal amenazada de muerte por narcos y en rebeldía frente a sus jefes hace ya un rato que desborda su tema específico, y es una multiimpugnación de la manera como administramos la justicia, el delito y la violencia. La esfera política está buscando una salida conciliadora, pero esta vez no parece haberla.

¿Debe una magistrada ser enviada de vuelta a un lugar donde corre riesgo de ser asesinada? Ya han suficientes miembros del Poder Judicial ejecutados por el crimen organizado como para darle peso a la pregunta, cuya respuesta no es sencilla, y nos lleva de vuelta a los tiempos de la violencia senderista.

Hay vagamente tres respuestas: la fiscal debe asumir el riesgo pues de otro modo está cediendo el terreno a los narcotraficantes; los superiores de la fiscal deben cuidar su vida y no enviarla; los aparatos de seguridad deben asumir la responsabilidad de cuidar la vida de la fiscal. La fiscal aún no está del todo convencida de ninguna opción.

Hasta el momento han intervenido con declaraciones o posiciones el Presidente de la República, el ministro del Interior, el Congreso, y virtualmente todos los medios, casi todos a favor de la fiscal amenazada. Pero la cuestión de fondo, que es a la vez práctica y de principio, no ha sido realmente clarificada.

Lo más valioso de este incidente en curso es que viene inculcándole a la opinión pública que el narcotráfico mata. Los asesinatos que ya se han dado de miembros del Poder Judicial o testigos fueron cómodamente asimilados a la página policial. El caso de Luz Loayza ha devuelto el tema a la página política.

Poner a una magistrada en riesgo mortal es irresponsable. Acatar la amenaza de los narcos como argumento, y dejar a Loayza en Lima, es igualmente irresponsable, y abre la puerta a un nuevo tiempo de los jueces sin rostro frente al terrorismo, práctica que evidencia la debilidad de una institucionalidad democrática.

El compromiso del ministro del Interior de cuidar la integridad de Loayza sería un paso en la dirección correcta, si pudiéramos creer al 100% en la probidad o eficiencia de sus custodios. Pero aun si Loayza no va a Maynas, alguien tendrá que representar al Estado y su justicia en esas zonas peligrosas del país.

Conclusiones: se precisa un sistema de fiscales y jueces menos vulnerables frente al narcotráfico, que podría incluir funcionarios armados; la fiscal Loayza está neutralizada para todo fin práctico y debe ser reemplazada; el Estado siempre debe juzgar a los narcos en lugares que no les den ventajas estratégicas.