Ricardo Soberón Garrido.

Los recientes gobiernos democráticos del Perú han tenido problemas serios para afrontar el problema cocalero, así como las políticas de seguridad y orden público en la Selva Alta del país. Lo más alarmante es que el gobierno inescrupuloso y corrupto de Fujimori, en determinados momentos sí tuvo la capacidad de tomar decisiones en asuntos de coca y narcotráfico, independientemente del Departamento de Estado de EEUU (1992-1996).

Desde el gobierno de transición de Paniagua, pasando por la administración Toledo hasta el actual segundo gobierno de García, las fuerzas políticas democráticas no han podido construir lineamientos claros y factibles que no salgan del falso debate del prohibicionismo/legalización. Las respuestas no deben ir por ese camino. Debemos entender que las soluciones al problema mundial del narcotráfico pasan por decisiones en la escala global (consumo). Mientras tanto, el Perú deberá y podrá hacer lo justo y necesario para enfrentar el crimen organizado, desechando políticas que le son contraproducentes. Seguir persiguiendo al arbusto de la hoja de coca, es contrario a nuestra historia, implica seguir "mordiéndonos la cola" gastando plata ajena, ocasionando severos perjuicios a la democracia, los DDHH y el medio ambiente, incluso mayores de los que representa el propio narcotráfico.

Los amigos de CEDRO, un Perú sin Drogas e Info Región, no se animan a sostener un debate serio sobre las enormes limitaciones de la represión a secas y a ciegas. No es sostenible la frase "nueve de cada diez hojas se van al narcotráfico", primero porque no es verdad; segundo, porque 40 años de monopolio estatal sobre el mercado andino de la coca la ha restringido a niveles insostenibles. Lo que sí es cierto es que nueve de cada US$ 10 de la cooperación se quedan lejos de los campesinos y sus chacras.

Los tres mandatarios han tenido discursos ambivalentes, amorfos sobre el tema de los cultivos de coca. No están presentes en los programas de gobierno de nadie. Siguen vigentes decretos leyes que han sido derogados por otras leyes y por el paso del tiempo, salvo para la mente del CORAH, DEVIDA y la Embajada en Lima. Tan obvia es la falta de voluntad política, que ninguno de los Congresos ha querido legislar, a pesar de la sentencia del TC de setiembre de 2005 (ordenanzas regionales), que le ordena legislar.

No hemos tenido la claridad ni la asertividad necesarias para abordar las causas del problema con el que viven 300,000 personas de la Selva Alta (pobreza, marginación, ilegalidad), ni para cumplir los compromisos asumidos con los productores (Tocache, Quillabamba, entre más de 40 actas), y mucho menos para establecer prioridades factibles de ser cumplidas. Menciono tres grandes nudos: 1) desarrollo rural vs. TLC; 2) derecho penal selectivo vs. guerra contra el terror; 3) salud pública vs. tabaco y alcohol. A la falta de lucidez del Estado para entender y aceptar la legitimidad de la participación política democrática de los representantes de los productores, se suman –debemos reconocer– los frecuentes problemas y deslices cometidos por ellos.

Lo que ha sucedido en el 2007 con las declaraciones y tergiversaciones del Plan VRAE, Putumayo y Alto Huallaga, es una muestra de las diferencias entre discurso y práctica, en los niveles altos del gobierno, particularmente en el sector Defensa. Todo se hace desde el despacho de Lima, tan igual como el denominado "desarrollo alternativo", durante el tiempo de vida de CONTRADROGAS (1996) y ahora DEVIDA (Ericsson, Pizarro).

En circunstancias en las que abundan los problemas de orden público en esas regiones (27 policías muertos desde el 2005), la enorme diferencia entre discurso efectista y una práctica "mecedora" y mentirosa, es una muestra de la confusión y el enorme simbolismo con el que se toman decisiones a nivel de política pública. Estamos alejando cada vez más a la Selva Alta y su población del marco democrático y eso es lo preocupante. ¿Qué se debe hacer? Más ciudadanía, más derechos, más responsabilidades.

Mientras nada se mueve en los valles selváticos, la plata de la cooperación antidroga sigue llegando y la cocaína sigue saliendo. Declaraciones políticas y titulares alarmistas, como los de algunos medios electrónicos bien subvencionados por la cooperación de Washington, han llevado a la errónea conclusión de culpar a un solo demonio: el "narcoterrorismo". Como si hubiese una bala de plata capaz de acabar con esos dos problemas, de naturaleza y formato completamente opuestos. La dependencia de la cooperación internacional, pero sobre todo, la falta de ideas claras sobre lo que se puede y debe hacer en el terreno general de las drogas, y en el terreno particular de la hoja de coca, han hecho de nuestra democracia una entidad muy débil para abordar este complejo problema.