Federico Salazar.

Alberto Fujimori cometió, por lo menos, un delito flagrante. Será juzgado por el mismo este martes 11. Será el inicio de un proceso decisivo en nuestra historia política.

El delito del que hay evidencia conocida es el del allanamiento de la vivienda de la esposa de Vladimiro Montesinos. Fujimori montó un operativo fraudulento para lograr sus objetivos.

La sentencia por este delito es algo que su defensa no podrá evitar. Todos vimos por televisión la acción ilícita, la impostura del supuesto fiscal y el abuso de autoridad.

El caso es emblemático. Muestra a un jefe de Estado convirtiéndose en falso policía, en falso juez, en falso fiscal.

Fujimori había perdido noción de qué cosas podía hacer y qué cosas no. La opinión pública mayoritaria lo había apoyado o al menos aceptado en su trayectoria autocrática. Eso no lo exculpa, sin embargo, de los ilícitos cometidos.

La autoridad tiene que suje-tarse a las funciones que señala la ley. Si la máxima autoridad del país no se limita a eso, cae todo el edificio de la legitimidad ad-ministrativa.

Por eso es importante juzgar los delitos en los que se vean involucradas las más altas autoridades. No sólo tiene un efecto ejemplar, sino que afirma los límites de la acción legítima de la función pública.

La gestión del ex presidente tiene que someterse a un escrutinio exhaustivo. Un jefe de Estado que acaba sus funciones cometiendo un delito con flagrancia es alguien que comienza por otro tipo de licitud.

Hay que investigar a Fujimori por lo menos desde el 5 de abril de 1992. Tiene que haber una sanción por lo que era ilegal y delictivo según la Constitución de 1979 y la Constitución de 1993.

Ninguna de las dos constituciones autoriza la arbitraria disolución del Congreso (artículos 210 y 117, respectivamente).

Es flagrante que Fujimori "di-sol-vió" el Congreso en 1992. Todos lo vimos. Por lo tanto, tenemos que conocer la sanción. Para que ningún otro político providencial quiera hacer un nuevo tajo en nuestro orden institucional.

Si no sancionamos a las máximas autoridades legicidas, no tendremos seguridad jurídica y política para el futuro.

La sentencia que se dicte este martes –y las que tendrán que venir después– será decisiva. Debe abrir el camino a la revisión judicial de las gestiones aun de las máximas autoridades.