Ronald Gamarra.

Fujimori nunca imaginó perder la extradición por goleada. El apoyo político de la derecha sureña, el silencio de Alan García y el malabarismo de sus abogados en Chile no lograron evitar su más grande derrota jurídica (y política).

Compete ahora al Poder Judicial la inmensa tarea de administrar justicia. Confiamos en que el Poder Judicial, y específicamente la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, llevará adelante procesos públicos, transparentes, céleres, con estricta sujeción a la ley, y con pleno respeto del debido proceso, particularmente con total adhesión al derecho de defensa de Alberto Fujimori y permitiendo una amplia participación de los representantes legales de las víctimas. La conformación de la Sala Penal Especial, y la calidad de sus integrantes, es una garantía de que así será.

Ahora bien, en la idea de un proceso justo, transparente y célere, resulta necesario que el Poder Judicial adopte medidas orientadas a tal fin: el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial debería autorizar a la Sala Penal, presidida por el vocal César San Martín, a dedicarse exclusivamente al conocimiento de tales causas; el tribunal debería considerar, allí donde proceda y convenga a los fines de la justicia, la acumulación de los procesos en curso; dicho tribunal debería programar sesiones de audiencia continuas y diarias; y, finalmente, en aras del principio de publicidad, debería permitir la transmisión de los juicios vía los medios de comunicación social, particularmente la televisión.

Una vez que el Poder Judicial se haya decidido por todas o algunas de las anotadas decisiones estratégicas, corresponderá a la Sala Penal Especial –en lo posible, de acuerdo con los sujetos procesales– la determinación de la causa con la que se iniciará uno de los procesos más importantes de la historia republicana. Por su carácter emblemático, pudieran ser los casos Barrios Altos y La Cantuta; aunque, claro, en atención al hecho de que ya se dictó sentencia contra los otros acusados, pudiera ser que el tribunal prefiera comenzar con el caso de los 15 millones.

Mientras ello sucede, las partes acusadoras harían bien en perfilar sus estrategias y fortalecer su presentación: el nuevo representante del Ministerio Público debe "empaparse" rápidamente del contenido de las causas, la Procuraduría Ad Hoc debe superar su notoria debilidad y la defensa de las víctimas (casos Barrios Altos y La Cantuta) debe empezar a hacerse escuchar.

Los procesos contra Alberto Fujimori deben mantenerse en el ámbito del Derecho y debatirse en el Poder Judicial. Por cierto, si bien las decisiones que la judicatura adopte en el curso de las causas, y la misma decisión que ponga fin a la instancia, pueden y deben ser objeto de análisis y crítica, las causas deben mantenerse libres de toda intromisión de carácter político, venga de donde venga y cualquiera sea su orientación y sentido. Dejemos a la justicia cumplir su labor.