Marco Arana.

El gobierno de A. García comenzó el 2006 con el conflicto que enfrentó a los campesinos de Combayo con Minera Yanacocha. Dos fueron los motivos: los reclamos por la afectación de la calidad y cantidad de las aguas, y para que la minera contratara mano de obra local en las obras sociales que habían sido prometidas el 2005 por la empresa. El conflicto de Combayo fue de naturaleza ambiental y social: por defensa del agua y derecho al trabajo y provocó la muerte del campesino Isidro Llanos Chevarría. Mañana se cumple un año de su muerte y los autores del crimen, aunque han sido identificados y acusados por el fiscal, siguen gozando de total impunidad.

Muchos teníamos la expectativa de que en el reciente mensaje presidencial se dijera que el gobierno ha aprendido algo de conflictos sociales como el de Combayo. Sobre todo, porque el premier había intervenido brillantemente para llegar a una solución que comprendía un estudio de afianzamiento hídrico que evaluaría los daños causados por las actividades mineras sobre el agua, propondría medidas de mitigación, diseñaría un plan de protección de los acuíferos y mejoraría la gestión del recurso para garantizar el consumo humano. Sin embargo, en el mensaje no se ha dicho una palabra sobre políticas para garantizar los derechos ambientales de las poblaciones que están siendo afectadas por el crecimiento caótico de la minería. Es como si no existiera el reclamo de las poblaciones por el derecho al agua, como si la lucha de los pueblos de la cuenca del Mantaro y del Río Ilave en Puno no importara. Es más, dos días antes del discurso, el INEI publicó resultados en los que se informaba de la grave contaminación del Rímac con metales pesados, principalmente por efectos de la actividad minera. Era de esperar entonces que se anunciara alguna decisión en materia de política ambiental como, por ejemplo, la creación de la autoridad ambiental autónoma, el respaldo político a los planes de ordenamiento territorial, mayores competencias a los gobiernos regionales para la fiscalización ambiental, etc. Pero el discurso solo dijo que se seguirá promoviendo más minería. Crecimiento cien, medio ambiente cero. Así puede entenderse la voz oficial en momentos en que los pueblos del norte del Piura se alistan para una consulta popular en torno al proyecto Río Blanco en Majaz; en que los usuarios de la cuenca del Zaña en Lambayeque y la alcaldía de la provincia de Santa Cruz han manifestado su oposición al proyecto minero La Zanja; y las rondas campesinas se oponen a la expansión de las actividades mineras de Yanacocha, que destruirá las lagunas de San Cirilo, Challuagón y Perol como ya ha ocurrido con la propia laguna que dio el nombre a la minera. ¿Será que en nuestro país los gobernantes aún no han comprendido que no hay desarrollo sostenible si solo se promueve el crecimiento económico sin redistribución y protección ambiental? ¿Será posible que no se comprenda que no habrá pacto social para la paz sin garantías de respeto de los derechos ambientales de las poblaciones? Hacer política de esta manera, ¿no es simplemente insensato?