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• Comisión de Defensa del Congreso solicitó información sobre resolución que exculpa a Montesinos en crimen de La Cantuta.
María Elena Castillo.
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Uno de los casos que investiga el fuero militar es la matanza de un centenar de campesinos de Putis, en 1984. (Foto. Virgilio Grajeda).
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Que lo investiguen. Congresistas de diversas bancadas piden que se investigue al presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar (CSJM), general Juan Pablo Ramos, por negarse a anular las sentencias dictadas por este fuero en 1994 por el asesinato de un profesor y nueve estudiantes de La Cantuta, y que exculpan a Vladimiro Montesinos y a los generales Nicolás de Bari Hermoza y Luis Pérez Documet.
Con esta resolución el CSJM pone piedras en el camino para procesar a los autores intelectuales de este crimen, pues la justicia ordinaria señaló ya que para incluirlos en el proceso debe anularse las sentencias que los absuelven.
Urge explicación
El vocero de la bancada de Alianza Parlamentaria, Víctor Andrés García Belaunde, calificó de muy grave la resolución del general Ramos, de no anular los procesos llevados a cabo en el fuero militar y que responsabilizaron del crimen solamente a Santiago Martin Rivas y cinco miembros del grupo Colina, afirmando que actuaron sin el conocimiento de sus superiores.
"Es un acto de abierto desafío al Estado de derecho. El ministro de Defensa debe tomar cartas en el asunto y acudir a la Comisión de Defensa del Congreso a explicar lo que ha pasado. Esta sentencia demuestra que aún persisten rezagos del montesinismo", señaló.
Por su parte el vocero del Partido Nacionalista, Juvenal Ordóñez, indicó que su bancada solicitará a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos que inicie una investigación al general Ramos porque su resolución desconoce los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordena al Estado peruano que el fuero ordinario investigue y sancione a los responsables en el crimen de La Cantuta.
El parlamentario aprista José Carrasco Távara dijo que ameritaría una investigación siempre y cuando se hayan agotado todos los recursos a nivel judicial contra el general Ramos, sin embargo, precisó que los fallos de la Corte Interamericana son para cumplirse "guste o no".
Las primeras acciones
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El general Juan Pablo Ramos, presidente del CSJM. (Foto. Arturo Pérez).
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El presidente de la Comisión de Defensa del Congreso, Luis Gonzales Posada, solicitó información al propio presidente del CSJM sobre su cuestionado fallo, con el fin de evaluar su contenido y la posibilidad de iniciar una investigación. Trascendió, además, que el caso se analizará hoy en la junta de portavoces.
Fuentes del Ministerio de Justicia informaron que la titular de este portafolio, María Zavala, insistirá ante el CSJM para que anule las sentencias.
Precisión
OBLIGATORIO. El presidente del Tribunal Constitucional, César Landa, afirmó que las sentencias de la Corte Interamericana forman parte del régimen jurídico nacional y que los organis-mos nacionales, como el CSJM, deben cumplirlo.
LEGAL. "La aplicación de esa sentencia está en el marco de nuestro régimen jurídico y los organismos nacionales, lo que deben hacer es cumplirla y no evadir el cumplimiento", manifestó.
Fuero militar investiga once casos de DDHH
No uno sino once casos. La sentencia de la CIDH sobre el crimen de La Cantuta señala que el fuero militar no es competente para juzgar denuncias por violaciones de derechos humanos. Desde hace dos años esta instancia investiga once casos sobre crímenes de lesa humanidad cometidos por miembros de las fuerzas del orden.
Se trata de la matanza de un centenar de campesinos de Putis (1984), la desaparición y ejecuciones extrajudiciales cometidas en el Cuartel Los Cabitos (1984), el asesinato de 69 pobladores de Accomarca (1985) y de campesinos en Pucayacu (1985).
Así como las ejecuciones en Cayara (1988), Los Molinos (1989) y Pucará (1989); la desaparición forzada de Angel Escobar (1990); las desapariciones y ejecuciones extrajudiciales en Chumbivilcas (1990); el arrasamiento de pobladores del río Huallaga y los crímenes contra estudiantes y catedráticos de la Universidad del Centro, en la década de los 90.
La Defensoría del Pueblo solicitó en tres oportunidades al CSJM que transfiera los casos al fuero común, sin embargo, hasta el momento no lo han hecho.
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