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• Justicia militar desobedece fallo de la CIDH y asegura que fuero común puede abrir proceso por este caso.
Por César Romero.
Foto: Archivo.
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La resolución del Consejo Supremo de Justicia Militar permite que se mantenga vigente la idea de que los crímenes de La Cantuta fueron cometidos por un grupo aislado de militares sin apoyo de Montesinos. Un fallo propio de la dictadura fujimorista y no de la democracia en la que hoy se vive. Haga click en la imagen para ampliar.
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El Consejo Supremo de Justicia Militar (CSJM) se negó a anular las sentencias dictadas en febrero y mayo de 1994, durante la dictadura fujimorista, por el asesinato de nueve estudiantes y un profesor de la universidad La Cantuta y que favorecen a Vladimiro Montesinos y el extraditable Alberto Fujimori.
En esas sentencias, el CSJM, controlado entonces por Montesinos, condenó a Santiago Martin Rivas y otros cinco agentes de Colina como únicos responsables del crimen, afirmando que actuaron a espaldas del alto mando militar y absolvió a Montesinos, Nicolás Hermoza Ríos y Luis Pérez Documet.
La negativa del fuero militar de anular esos fallos impide, hasta hoy, que la justicia civil juzgue al corrupto asesor por los asesinatos de La Cantuta. El 2004, el CSJM afirmó que la única manera de anular sus fallos era con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Así se hizo en el caso Barrios Altos. Primero, el CSJM anuló su fallo y luego la justicia común abrió proceso a los asesinos. Se esperaba que ahora sucediera lo mismo, luego de que en noviembre del año pasado la CIDH ordenó al Perú procesar a todos los asesinos de los estudiantes y el profesor de La Cantuta.
Pero la Sala Revisora del CSJM dice que no procede anular sus resoluciones porque aduce que según el fallo de la CIDH la justicia civil puede juzgar a Montesinos por el caso Cantuta sin dicha nulidad, ya que este no puede alegar cosa juzgada para eximir su responsabilidad.
La resolución, fechada el 4 de mayo pero notificada ayer, lleva la firma del presidente del CSJM, general EP Juan Pablo Ramos Espinoza, y otros dos jueces militares de apellidos Catacora y Velarde, a los que no fue posible identificar por sus nombres completos. En 1997, un vocal militar de apellido Catacora entregó a Montesinos una condecoración por apoyar a la justicia militar.
Un despropósito
El ex ministro del Interior Fernando Rospigliosi y el jurista Fernando Vidal Ramírez calificaron el fallo de la justicia militar de un despropósito. "El CSJM no imparte justicia, sólo ha servido para encubrir violaciones de los derechos humanos. El Congreso y el Ejecutivo tienen que actuar y dejar de ser permisivos con esa institución", afirmó Rospigliosi.
Vidal recordó que las sentencias de la Corte son de obligatorio cumplimiento por el Estado. "Si hay una sentencia de la CIDH, existe una abierta resistencia al no cumplirla. Los deudos pueden dar cuenta del incumplimiento a la Corte", manifestó Vidal.
Por su parte el ex procurador Ronald Gamarra señaló que la justicia militar pretende lavarse las manos y dejar todo a la justicia común para no tener que reconocer que fue un instrumento de Montesinos y de Fujimori.
"La justicia militar dejó pasar la oportunidad de dar un mensaje positivo a la sociedad y deslindar con el pasado. Ahora, la justicia común deberá buscar anular la sentencia del fuero militar, pero los jueces militares mantendrán su imagen de encubridores de graves delitos", anotó Gamarra.
La posibilidad de que Montesinos y los altos mandos militares sean juzgados por el caso Cantuta queda en manos del fiscal Alex Díaz Pérez. Sin embargo, la justicia civil siempre dijo que necesitaba anular los fallos del CSJM para denunciar este caso al Poder Judicial, lo que aprovechará el ex asesor para apelar una decisión de la fiscalía en su contra.
‘Deben denunciar a jueces militares'
"La ministra de Justicia, María Zavala, tendría que denunciar a los vocales del fuero militar que se negaron a acatar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque su decisión acarrea una responsabilidad internacional para el Estado", indicó Gloria Cano, abogada de la Asociación de Derechos Humanos (Aprodeh) y de los familiares de las víctimas.
Gloria Cano agregó que pondrán la resolución del CSJM en conocimiento de la Corte Interamericana. "Cualquier jurista sabe que las resoluciones de la Corte son de cumplimiento vinculante, sin embargo los vocales del CSJM han dejado claro al país que siguen los dictados de Montesinos y de la cúpula que trabajó con Alberto Fujimori. Lo que quiere el fuero militar es encubrir a Montesinos y Fujimori", enfatizó Cano.
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