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• ¿Qué fue? ¿Un peligro inminente o un psicosocial? Después de 5 meses, versión sobre inminente ataque a Palacio de Gobierno no termina de ser investigado por la Policía.
Edmundo Cruz (*).
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| 29 DE DICIEMBRE DEL 2006. Palacio de Gobierno es rodeado por Fuerzas de Operaciones Especiales de la Marina de Guerra (FOES) en acción combinada con el Ejército, la FAP y la PNP. (Foto: Archivo) |
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| CAUTELA. "Lo mejor es investigar", recomendó el presidente García. (Foto: Roberto Cáceres) |
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| HOY LIBRES. Guillermo Bermejo y Luis Omar Paredes (izq.) en conferencia de prensa en la que protestaron por su arresto como responsables del "atentado" a Palacio. |
La seguridad de Palacio de Gobierno está reservada en exclusiva al Ejército. Esta norma es una tradición, pero la tradición se rompió el 29 de diciembre último. Ese viernes, a partir del mediodía, efectivos de las FOES ( Fuerzas de Operaciones Especiales de la Marina de Guerra), acordonaron la sede legal de la Presidencia de la República en una acción combinada con efectivos del Ejército, la Policía Nacional y la Fuerza Aérea.
Tal aprestamiento de las fuerzas del orden fue motivado por una información alarmante: un inminente atentado terrorista contra el presidente de la República, Alan García Pérez, y el primer vicepresidente, Luis Giampietri Rojas.
Se esperaba –según la versión de alerta– un ataque con bidones bomba o balones de gas cargados con explosivos de alto poder destructivo, al estilo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Esa misma noche del 29 fueron detenidos en sus domicilios y "por orden superior" los supuestos promotores: Guillermo Bermejo Rojas (32) y Luis Omar Paredes Morales (28). Los dos fueron liberados al día siguiente porque no les encontraron pruebas suficientes. Ambos se declararon activistas del grupo radical Movimiento Todas las Voces. Este movimiento es investigado por la policía antiterrorista desde junio del año pasado por sus relaciones con grupos subversivos de la región, sin que la indagación policial haya concluido hasta hoy.
La movilización militar-policial alrededor de Palacio de Gobierno se prolongó por espacio de unos cinco días y luego todo volvió a la normalidad. Pero la intrigante versión que la desencadenó dejó flotando en el ambiente un signo de interrogación.
VÍSPERAS DE NAVIDAD
La República intentó conversar con todas las personas que se mencionan en este informe. Lo ha logrado en casi todos los casos. Esta contrastación ha permitido establecer que pocos días antes de la fiesta de Navidad el entonces jefe de Estado Mayor del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA), vicealmirante José Aste Daffós, recibió en su despacho a dos ejecutivos de la empresa de seguridad privada Forza: Wilson Gómez-Barrios Rincón y Aldo Schwarz Cossu, ambos oficiales de la Armada Peruana en situación de retiro. Los directivos empresariales asistieron acompañados de una dama, cuya identidad nos reservamos.
En la reunión también estuvo presente el general de división EP Otto Guibovich Arteaga, quien desde el 5 de diciembre pasado se desempeña como comandante general de la Región Militar Centro.
La cita fue promovida para hacer escuchar al CCFFAA un informe reservado sobre un probable ataque al Palacio Presidencial, al Palacio Legislativo y al de Justicia. El ataque tenía como objetivo atentar contra los más altos funcionarios.
La expositora fue la dama acompañante de los ejecutivos de Forza.
Como es norma, los reportes de esta naturaleza a la más alta instancia militar son competencia del órgano de seguridad del Estado o del sistema de inteligencia nacional. Pero esta vez la información de alerta corrió a cargo de una empresa privada.
El contenido de la exposición apoyada en Power Point mencionó, de acuerdo con las versiones contrastadas, una previsible modalidad de ataque y los nombres de dos supuestos promotores: Guillermo Bermejo Rojas y Luis Omar Paredes Morales, a quienes los presentaron como miembros del Frente de Liberación Nacional. Ambos se declararon desde un inicio activistas del Movimiento Todas las Voces.
GIAMPIETRI, EL PRIMERO
Las fuentes indican que los ejecutivos de Forza habrían accedido al Comando Conjunto merced a los buenos oficios del vicealmirante Luis Giampietri. Pero el primer vicepresidente –en una entrevista telefónica que se publica íntegramente en esta edición– negó en forma tajante esa gestión.
Eso sí, el vicealmirante Giampietri reclamó para sí la primogenitura de la versión sobre el atentado. Y ante una pregunta sobre el origen de la misma declaró que la obtuvo de "fuente anónima u oficiosa". No de fuente oficial.
"Lo primero que hice –relata el primer vicepresidente– fue comunicar este tema al Ministerio del Interior, y cuando tuve más elementos de juicio le dije al presidente (Alan García): Por si acaso, hay esto".
Según admite Luis Giampietri, el Ministerio del Interior –más concretamente la Policía Antiterrorista–, por su parte, "tenía muchos antecedentes, muchas pruebas" sobre el supuesto atentado.
En cuanto a la intervención de Forza, el primer vicepresidente es también explícito: "Ha habido conversaciones con el Comando Conjunto. Yo he conversado con ellos. Pero Forza también ha llegado allí con una información parecida, según tengo entendido".
Inmediatamente después de la exposición de la especialista de la empresa de seguridad, el martes 26 de diciembre el capitán de navío en situación de retiro César Augusto Vidal, asesor del almirante Giampietri en el Congreso, distribuyó notas impresas sobre la supuesta acción terrorista que se esperaba.
ALARMA EN PALACIO
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| Bidones bomba al estilo FARC. Haga click en la imagen para ampliar. |
El jueves 28, los altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional a los que concierne la seguridad de los dignatarios y sedes amenazadas fueron llamados a Palacio de Gobierno. Los recibió el secretario de la Presidencia de la República, Luis Nava Guivert, con un documento en las manos. "Los convocados lo leyeron y procedieron".
Dicho documento era la "Nota de Información" de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) destinada a todo el Sistema de Inteligencia Nacional (SINA), fechada ese mismo jueves 28 de diciembre del 2006. "Asunto: posibles atentados del denominado Frente de Liberación Nacional. Prioridad: urgente".
El contenido de la nota de la DINI recogía la versión del almirante Luis Giampietri que, como él mismo narra, alcanzó al órgano rector del sistema de inteligencia.
Cambio de guardia
La protección del presidente de la República y su familia es responsabilidad de la División de Resguardo Presidencial de la Dirección de Seguridad del Estado de la Policía Nacional. Y la seguridad perimétrica de las ins-talaciones de Palacio de Gobierno corresponde al Batallón de Caballería Escolta del Presidente de la República "Húsares de Junín", dependiente de la Casa Militar de Palacio de Gobierno. En última instancia, el control de la sede del Poder Ejecutivo siempre ha estado en manos de la Región Militar Centro, asentada en el Fuerte Rímac.
Esta norma se alteró el viernes 29 de diciembre frente a la versión del atentado terrorista para dar paso a un despliegue combinado de fuerzas, que incluyó a las FOES. Las FOES fueron fundadas por el primer vicepresidente, vicealmirante Luis Giampietri.
Alan informado
El viernes 29, por la mañana, el presidente García había recibido en el patio de Palacio el saludo de los nuevos jefes del Comando Conjunto y de los tres institutos castrenses. El acordonamiento de su sede oficial comenzó después del mediodía.
Un presidente de la República preocupado no vaciló en compartir la versión sobre el atentado con determinados directores de diarios de circulación nacional y canales televisivos.
Esto explica la presencia adelantada de la prensa en los domicilios de Guillermo Bermejo y Luis Omar Paredes cuando los policías fueron a detenerlos.
"Lo mejor es investigar a tiempo y neutralizar para evitar que se desarrolle lo que siempre nos toma desprevenidos. Estamos acostumbrados a que primero lancen una bomba y luego indagar".
Es lo que Alan García declaró al día siguiente, el sábado 30, al calificar como "desacertado" el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordena reparar a los deudos de los senderistas ejecutados en un motín en el penal Castro Castro en 1992.
Por aquellos días, la propuesta presidencial de pena de muerte para los terroristas estaba en el primer punto de la agenda política.
Por la noche, a veinticuatro horas de ser detenidos, fueron puestos en libertad sorpresivamente los dos presuntos promotores del atentado. La Policía Antiterrorista no les encontró pruebas suficientes. Así de sencillo.
Al día siguiente, domingo 31 de diciembre, a las 10:45 horas de la mañana, un efectivo FOES que proporcionaba protección en la parte posterior de Palacio de Gobierno realizó un disparo negligente, sin consecuencias. Se le escapó la bala.
Dos o tres días después concluyó el rodeo castrense de la residencia oficial de Alan García y la versión del atentado pasó al olvido.
La investigación policial
En realidad, la Dircote (Dirección Contra el Terrorismo), dirigida por el coronel PNP Carlos García Bambalén, y un grupo especializado seguían los pasos al Movimiento Todas las Voces y a otros similares desde junio del año pasado. El 29 de diciembre efectuaron las dos detenciones que en los hechos resultaron infructuosas. Y hasta hoy la investigación no concluye.
Gómez-Barrios / Vega Llona
El presidente del directorio de Forza, Wilson Gómez-Barrios, y el empresario Ricardo Vega Llona, director de la misma entidad de seguridad privada desde hace tres años, dialogaron con La República sobre los hechos que son materia de este informe.
Declararon enfáticamente que en ningún momento la empresa Forza, de la que son directivos, ni ellos personalmente han efectuado un informe al Comando Conjunto sobre un supuesto atentado.
Defienden, eso sí, el derecho y la obligación de cualquier ciudadano a comunicar a las autoridades sobre un hecho que pusiera en peligro la vida del presidente de la República.
Wilson Gómez-Barrios declaró que el único tema que recuerda haber tratado con organismos como el Comando Conjunto es el relacionado con los llamados "Círculos Bolivarianos".
Ricardo Vega Llona se pronunció a favor de un marco legal que facilitara a los inversionistas nacionales y extranjeros la información de seguridad que requiere el desarrollo de sus servicios.
En La República creemos que toda persona o empresa que conozca una información que implique un riesgo para la vida de una persona está obligada a entregarla a la autoridad, con mayor razón si se trata de los más altos dignatarios del Estado.
El problema es que, en este caso, como se deduce de la información recogida, el propósito no es transparente. El riesgo pudo ser real o pudo ser manejado con otros fines. El supuesto atentado no ha logrado ser esclarecido
por la Policía pese al tiempo transcurrido.
(*)Con la colaboración de Elizabeth Prado y Gabriela Flores.
Contexto
1) Agosto 2006. Campaña contra las ONGs a favor de una ley que controle la cooperación internacional.
2) Octubre 2006. Campaña contra el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordena reparar a familiares de senderistas eliminados en el penal de Castro Castro en 1992.
3) Diciembre 2006. Campaña a favor de la pena de muerte para violadores de niños, impulsada por el propio presidente de la República.
Bermejo preso
Día y hora de detención. 29 de diciembre del 2006, a las 7.50 pm.
Lugar. Lo capturaron en la puerta de su casa.
A la Dircote. Lo llevaron a las 9 de la noche a esta dirección.
Interrogatorio. Duró hasta las 8 de la mañana.
Libre. A las 8.15 am del 30 de diciembre fue puesto en libertad.
Nueva citación. 15 de enero 2007. Usted se puede cruzar en la calle con él.
Cuatro versiones de atentados en menos de un año
1) 4 JUNIO 2006. Iban a atentar contra Alan García "justo en el momento que este emitiera su voto en el Colegio Scipión Llona de Miraflores", en la segunda vuelta electoral. Autor de la versión: coronel PNP (r) Ricardo Ganiku Furugen, actual jefe de la Dicscamec (División de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Munición y Explosivos de Uso Civil (Expreso, 2/5/07).
2) 1º NOVIEMBRE 2006: El director de la Oficina de Seguridad Regional de la Embajada de los Estados Unidos de América, James LeMarie, en una comunicación del 25 de octubre del 2006, advierte al jefe de Seguridad del Estado de la Policía Nacional del Perú, general Mauro Remicio Maguiño: "A mediados de octubre de 2006, un grupo selecto formado por influyentes empresarios peruanos y líderes militares de alto rango intentaron desarrollar un plan factible que resultaría en el asesinato del presidente peruano García Pérez alrededor de enero de 2007". Información difundida por el programa periodístico de Jaime de Althaus "La Hora N".
3) FINES DE DICIEMBRE DEL 2006. En altos círculos del gobierno se difundió la versión sobre el probable ataque a Palacio de Gobierno para atentar contra el presidente de la República y el primer vicepresidente. Lo que motivó un inusual operativo de seguridad. Se detuvo a dos sospechosos pero se les liberó al día siguiente por falta de pruebas. La Policía no termina de investigar.
4) 6 DE MAYO 2007. Palacio de Gobierno recibió una llamada amenazadora, informó "Panorama", de Canal 5 . El Comando Conjunto citado en la información desmintió la versión.
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