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Antonio Zapata.
Después de los últimos escándalos de venalidad personal, el prestigio del Congreso debe estar en su punto más bajo. Al todavía pendiente caso Canchaya, se ha sumado el congresista Walter Menchola, quien ha contratado irregularmente a su amiga íntima. Ambos casos son formas de corrupción que consisten en apoderarse de todas las ventajas del cargo, incluidas las más pequeñas y personales. Los protagonistas aparecen como seres sin sentido que caen en trampas colocadas por su propia codicia. Parece mentira que puedan ser madres y padres de la patria.
Este desprestigio compromete la arquitectura democrática del Estado, porque el Congreso es fundamental; constituye la base de un principio esencial: la división de los poderes. Es decir, sin Parlamento no hay democracia posible. Por otro lado, en la historia política peruana es una constante que el Legislativo funcione mal y que sea un poder con escasa legitimidad.
Durante el siglo XIX, el Congreso calificaba las dualidades de actas electorales. Debido a ese procedimiento, terminaba interviniendo en el nombramiento de su sucesor y corrompía las elecciones, logrando que se elijan los candidatos de los congresistas de turno. Cuando se conformó el JNE, en las elecciones de 1931, se terminó con este vicio, pero surgieron dos tipos de Congresos modernos que no le han traído brillo al Legislativo.
En primer lugar, se trata de Congresos genuflexos. Ha habido muchos; los últimos fueron liderados por las geishas de Fujimori, pero recuérdese que bajo Odría hubo un Parlamento que se limitaba a hacerle el amén al general. Sucede que las dictaduras peruanas muchas veces han incluido legislativos que les han guardado las formas. El segundo prototipo son los congresos obstruccionistas. Entre 1963 y 1968, durante el primer gobierno de FBT, la coalición APRA-UNO controló ambas Cámaras, censurando sin parar a ministros del arquitecto. Antes, en la segunda parte de los cuarenta, hubo una crisis parlamentaria muy seria durante Bustamante. Todos los congresos obstruccionistas en el pasado condujeron a un golpe de estado. El caso es que ambos paradigmas han hecho que los congresos tengan pobre reputación en la historia política nacional.
Con poco sentido de la oportunidad, y en el límite de su impopularidad, los legisladores han comenzado a debatir si debe reintroducirse el Senado y, como consecuencia, aumentar de 120 a 170 el número de parlamentarios. Estando de acuerdo con ambas iniciativas, parece inoportuno el momento. Sobre todo porque no se observa una perspectiva de conjunto que encare los problemas y permita pensar en una mejor institución. En ese sentido, se encuentran dos temas cruciales: el voto preferencial y la renovación parcial a mitad de mandato.
Debido al voto preferencial no existen bancadas y cada uno de los congresistas asume que ha sido elegido gracias a sí mismo. El extremo personalismo exacerbado por el voto preferencial debilita a los partidos políticos y facilita a los conglomerados armados a última hora. Por su lado, la renovación por partes y a mitad de mandato impediría el mal del siglo XX: la oscilación entre la actitud de geisha y la obstruccionista. Este tipo de renovación permitiría que el Congreso refleje la temperatura política del país y sintonice con su dinámica.
En estos días, cuando dos casos individuales ponen en cuestión a la institución, antes que resolver en forma fragmentaria, los congresistas deberían aprovechar para revisar su propia historia y encontrar soluciones de fondo. Hay buenos libros. Entre otros textos destaco Las Bases documentales publicadas en ocho volúmenes por Pablo Macera, en el mismo sello editorial del Congreso. Quizá ha llegado la hora de leer y tomar en cuenta su propia producción.
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