Mirko Lauer.
El linchamiento de cinco salteadores de caminos en la provincia de La Mar, Ayacucho, no ha pasado de la página policial. Sin embargo se encuentra al centro de un importante debate sobre la justicia en el Perú. Me refiero a que, como en el penal Miguel Castro Castro en 1992, se trata de un delito cometido contra delincuentes.
Los pormenores del caso están por dilucidarse. ¿Está comprobado que eran asaltantes? ¿Por qué intervinieron los ronderos en lugar de la policía? ¿Por qué se decidió quemarlos vivos? ¿Hay noticia de qué sucedió con los nueve vehículos supuestamente asaltados? Sin duda es una historia que merece más cobertura.
Lenta pero seguramente los linchamientos se están volviendo parte del paisaje social. Las reacciones de los medios y del público son variadas, pero siempre con un sesgo algo complaciente, al grado que no falta alguna nota que deslice entre sus líneas la expresión "justicia popular", negativa por donde se la mire.
Sin ánimo de equipararlo con el sistema judicial, el linchamiento, aparte de un asesinato en sí mismo, es lo contrario de la justicia. Una pena de muerte chicha con reales posibilidades de error. Para muestra un botón: luego se demostró que Cirilo Robles, el alcalde de Ilave linchado en el 2004 por supuestos delitos, era inocente.
Pero así los linchados sean culpables, la furia de una turba nunca será tribunal suficiente para disponer de una vida humana. A pesar de la majestad constitucional del Estado, no hay que pensar mucho para advertir un cordón umbilical entre el deseo de establecer la pena de muerte y las ansias de linchar.
Nuestra cultura política tiene más de un argumento para suavizar la crítica a ciertos linchamientos, y los hemos visto actuando en diversos momentos. Uno es el de la culpabilidad de los linchados. Otro es el de la inimputabilidad de los linchadores. Otro es la deficiencia del sistema de justicia, que no dejaría otra salida.
La culpabilidad del linchado sustenta una mayoría de opiniones sobre la sentencia de la CIDH. La inimputabilidad de los linchadores fue argumentada, con elementos de relativismo cultural, por la comisión presidencial que vio el caso Uchuraccay, 1983. Las deficiencias del sistema judicial impulsaron a los linchadores de Huayanay, 1981.
No imaginemos a todo linchamiento guiado por una pasión justiciera desbordante. En un asesinato colectivo caben todas las pasiones humanas, e incluso todas las maquinaciones. Los sistemas de justicia han sido diseñados para tratar de separar al castigo al delito comprobado y las pasiones humanas, siempre impredecibles y tan a menudo peligrosas.
