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PRESIDENTE ABRE UN NUEVO FRENTE • Jefe del Estado anuncia que presentará esta semana un proyecto de ley al Congreso a fin de regular pena capital para los "remanentes de Sendero" • Expertos opinan que sería una violación del Pacto de San José.
Por Alberto García M.
Foto: Christian Salazar.
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Por segunda vez en menos de 100 días Alan García pone en discusión la implantación de la pena de muerte.
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El presidente Alan García anunció ayer que presentará esta semana un proyecto de ley al Congreso para aplicar la pena de muerte para los terroristas. "Mi Gobierno no permitirá el resurgimiento de movimientos terroristas. No dudaré en enviarlos al pelotón de fusilamiento", dijo.
García recordó que esta sanción está contemplada en el artículo 140 de la Constitución de 1993 pero nunca fue reglamentada y por eso no está regulada en el Código Penal. "Hasta el momento nadie ha tenido el coraje para hacerlo", dijo y agregó que no se trata de causar alarma, ni responder con medidas exageradas.
"Si viera personalmente que comienza a cobrar fuerza una insurgencia terrorista de cualquier tipo aplicaré todas las medidas que la Constitución brinda, no habrá vacas sagradas, territorios sagrados donde no entre el Estado a buscar los terroristas", señaló.
Alan García afirmó que Sendero Luminoso se encuentra reducido, sin fuerza, pero subrayó que su administración evitará que
los remanentes terroristas cometan actos delictivos para llamar la atención.
"Tengo la responsabilidad de hacer prevalecer el orden en el país... el país está escarmentado, odian el terrorismo y van a respaldar el proyecto de pena muerte y fusilamiento para los terroristas que enviaré al Congreso", anotó.
Pacto de San José
El constitucionalista Francisco Eguiguren dijo que el Pacto de San José no permite a los países que lo han suscrito ampliar las causales de pena de muerte que existían en el momento en que firmaron el tratado. "Nuestro país lo suscribió en 1981, cuando estaba vigente la Constitución de 1979. Ésta solo contemplaba la pena de muerte para el delito de traición a la patria en caso de guerra externa", dijo.
Según el experto, la variación en el artículo que se refiere a la pena de muerte que se hizo en la Constitución de 1993 (que contempla la pena de muerte para casos de terrorismo) es irregular aunque no una violación formal al Pacto de San José porque nunca llegó a ser reglamentada. "El presidente García quiere hacer lo que nunca se atrevieron a plantear los fujimoristas porque sabían que tendría consecuencias negativas: reglamentar la pena de muerte y violar así el Pacto (de San José)".
"Traería problemas"
Jorge Avendaño, abogado experto en temas constitucionales, opina que si bien reglamentar la pena de muerte para casos de terrorismo no representaría una violación a la Constitución vigente (ya que esta figura está contemplada en el artículo 140 de la misma) sí podría traernos problemas a nivel internacional ya que "representaría una violación frontal al Pacto de San José".
Avendaño considera sin embargo que la intención de García no prosperará en el Legislativo. "De aprobarse nos pondría en el mismo problema que ampliar las causales de pena de muerte para los violadores de menores que asesinen a sus víctimas: nos aislaría internacionalmente", opinó.
Precisiones
CAUSALES. El artículo 140 de la Constitución de 1993 sostiene que "La pena de muerte sólo puede aplicarse por delito de Traición a la Patria en caso de guerra, y el de terrorismo conforme a las leyes y a los tratados de los que el Perú es parte obligada".
HASTA EL 2007. El presidente de la Comisión de Constitución, Aurelio Pastor, dijo que el proyecto de la pena de muerte para violadores de menores que asesinen a sus víctimas se verá el próximo año.
¿Militares a las universidades?
Al comentar las versiones sobre la reactivación del proselitismo de Sendero Luminoso (SL) en algunas universidades públicas, el presidente Alan García dijo que –si las circunstancias lo requieren– su Gobierno no dudará en intervenir las universidades con personal militar.
Tras señalar que esta organización terrorista se encuentra reducida, afirmó que "si la situación lo requiere la Constitución autoriza la declaratoria de emergencia y la intervención militar. Pero no se puede hacer entrar al Ejército por 2 ó 3 personas que pueden ser capturadas".
Consultado al respecto, el presidente de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), Iván Rodríguez Chávez, dijo que –aunque no existen indicios claros que prueben la infiltración de SL en las universidades–, de comprobarse, "si bien las universidades somos autónomas, somos parte del Estado y tendríamos que acatar lo que decida el Ejecutivo".
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