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MUEVE S/. 500 MILLONES AL AÑO • Demanda de piezas robadas por parte de propietarios de vehículos ha hecho prosperar ilegal actividad • La Policía ha identificado la cadena criminal y ha reducido ola de robos.
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| A pesar del control impuesto por la Policía, todavía San Jacinto es el principal mercado informal de autopartes. Esta ilegal actividad mueve S/. 500 millones al año. |
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Luis Velásquez C.
A la hora de la intervención, en la puerta de la casa que había sido vigilada por días e identificada como un almacén de objetos robados, ya no aparece ningún número. Por arte de magia, la plaqueta que la Policía tenía registrada ha desaparecido y en su lugar ha sido garabateada una inscripción cualquiera. ¿Qué pasó? ¿Un soplo de última hora?
Es uno de los misterios –mejor dicho problema, vamos– que enfrentan los agentes de la División de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) en su lucha contra el tráfico de autopartes y accesorios de vehículos, lo cual ha frustrado más de una acción importante en el último mes.
Otro obstáculo es la debilidad de las leyes y de autoridades que aplican penas benignas (hasta 4 años de cárcel, sin encierro efectivo por el delito de receptación) a los delincuentes dedicados al robo y comercio de autopartes. Esto sin duda los desanima, pero no impide que sigan dando pelea y logrando éxitos.
El círculo criminal
Prueba de ello son sus dos últimas acciones que han conseguido, por primera vez en muchos años, reducir el número de robos de vehículos, el comercio de piezas y accesorios, y sobre todo, identificar el círculo criminal que hace posible la existencia de esta ilegal actividad que, según estimados de la Policía y el sector formal de venta de partes de vehículos, mueve 500 millones de soles al año, solo en Lima.
Pero veamos cuáles han sido estas acciones. Primero, la conformación de un grupo especial de vigilancia permanente –desde hace 60 días– del principal mercado negro de accesorios y piezas de vehículos: San Jacinto, ubicado entre El Agustino, Cercado de Lima, La Victoria y San Luis.
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| Cuándo fue creado y dónde se ubica. Haga click para ampliar. |
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Esto ha dado como resultado la disminución de la salida e ingreso de ‘mercadería’ ilegal a este emporio de piezas, pues la presencia de la Policía ahora es constante. “Nada entra ni sale si no tiene factura”, asegura un fornido efectivo de la Diprove que vigila la esquina de Nicolas Ayllón con el pasaje Los Frenos.
Segundo, el intenso trabajo de inteligencia que ha permitido establecer cómo es la secuencia de un robo, desde que un ciudadano acude a San Jacinto o su equivalente en Lima Norte (la cuadra 50 de la Av. Gerardo Unger) para solicitar una pieza para su vehículo.
La Policía ha logrado identificar cada eslabón de esta criminal cadena que empieza y termina en el usuario o cliente, quien en buena cuenta es el responsable de que existan y se expandan los mercados negros de autopartes en Lima y en provincias.
Entero o por partes
Gracias a este trabajo policial, según explica el jefe de la Diprove, coronel César Seminario Alegre, se conoce ahora que en la secuencia que antecede y sigue al robo de un vehículo, participan al menos 12 personas repartidas en grupos y con una función específica (ver infografía).
“También se ha podido establecer cómo se reparten las ganancias y el margen de ingresos que tienen los comerciantes de piezas robadas, que son los eslabones más importantes en esta cadena. Ellos contactan a los delincuentes que perpetrarán el robo, a los desmanteladores y finalmente se encargan de vender las partes”, explica.
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| Proceso del robo y venta de autopartes. Haga click para ampliar. |
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Claro que hay veces en que estos comerciantes –no todos por cierto, porque existen varios que trabajan pegados a la ley– participan directamente en el robo, desmantelamiento y venta de piezas. Otras veces compran vehículos enteros (taxis por lo general, entre mil y mil 500 soles por una camioneta station wagon, y entre 500 y 800 por un Tico) y se encargan de desmembrarlos por cuenta propia. También pueden revenderlos en una sola pieza.
Lo más común, sin embargo, es que se cumpla el círculo criminal que encierra la ilegal actividad, donde es el comerciante el que se lleva la mayor parte del dinero logrado, pues al venderlo por partes no solo recupera los mil soles invertidos, en promedio, sino que logra hasta cuatro veces esa cantidad.
De nunca acabar
Ahora bien, conocido el problema surge una pregunta elemental: ¿se puede hacer algo para acabar con esta ilegalidad? El secretario general de la Federación de Taxistas y Colectivos (FETAC), Ricardo Vivanco, cree que sí. “Debemos trabajar juntos, los taxistas que somos los más afectados (este año han muerto 2 a manos de ladrones de vehículos), la Policía y las autoridades locales que pueden controlar y regular la venta de autopartes, a través de las licencias”.
Pero no es tan fácil, sobre todo cuando las autoridades parecen no querer asumir su responsabilidad.
Claves
Otros puntos. Además de San Jacinto y la 50 de la Av. Gerardo Unger, en Independencia, la Policía ha identificado otros puntos informales de venta de accesorios y partes de vehículos robados.
Ubicación. Estos se ubican en el sur, en la Av. Pastor Sevilla y Pachacútec. También en el Callao, en Colonial, Argentina y Buenos Aires. Y en la Av. Próceres de la Independencia, en San Juan de Lurigancho.
Ningún preso. Hasta la fecha no hay nadie que se halle purgando cárcel por robar o vender partes de autómoviles. La ley tipifica esta clase de ilícitos solo como receptación. Solo si hubiera una muerte, lesiones o el secuestro de una persona, la justicia ordena cárcel.
Cifras
2,574 vehículos, la mayoría taxis, fueron robados en Lima de enero a junio de este año.
14 vehículos, en promedio, son robados todos los días en Lima y Callao, según la PNP.
43 años y nadie se responsabiliza de ilegal mercado
El mercadillo de San Jacinto nació en 1963, durante el gobierno de Belaunde, cuando Luis Bedoya era alcalde de Lima. Ese año un incendio arrasó las primeras cuadras de la Av. Aviación, donde estaba el mercado ’Tacora Motors’. El siniestro obligó a Bedoya a buscar un lugar para los damnificados y el sitio elegido fue, después de tentar el cuartel Barbones, las faldas del Cerro San Pedro, entonces jurisdicción de El Agustino.
A ese lugar, que entonces era empleado como zona agrícola, fueron 200 familias. La idea de las autoridades era darles módulos comerciales, pero con los años estos puestos se convirtieron en viviendas y el rubro de los negocios cambió.
Con el tiempo, y luego de pagar por la propiedad a la familia Prado, los dirigentes inscribieron la zona en registros públicos con el nombre de ‘San Jacinto’. Acto seguido, y después de una consulta vecinal, dieron curiosos nombres a las calles, los mismos que continúan hasta hoy.
Por su ubicación (en medio de 5 distritos), San Jacinto se ha convertido en una zona de poca atención y casi ningún control de las autoridades. Es más, ninguna se hace enteramente responsable de lo que allí sucede porque “no nos compete”.
Por ejemplo, el Concejo de Lima asegura que, aun cuando San Jacinto es un punto en conflicto, no puede intervenir en él. La Victoria, a través de su vocero Jorge Mendoza, indica lo mismo, asegurando además que está fuera de su jurisdicción. Lo mismo señala Ate y El Agustino. Solo San Luis reconoce que algunas calles son de su competencia.
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