MANO DURA • Manuel García Torres es el primer alto ejecutivo del gobierno en ser sancionado por haber intentado beneficiar a particulares • Ex superintendente de Registros Públicos se defiende y acusa a Pilar Freitas de montar una conspiración en su contra.

Manuel García Torres fue removido de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos por presuntamente haber favorecido a la familia Sánchez Paredes.

Por Ángel Páez y
María Elena Hidalgo.
Foto: Rafael Cornejo.

El superintendente nacional adjunto de Registros Públicos, Manuel García Torres, fue destituido por intentar favorecer a una empresa minera de la familia Sánchez Paredes, que se encontraba en litigio con la compañía canadiense Sulliden Shahuinco por la propiedad de un conjunto de denuncios en la región La Libertad. El ex funcionario se encontraba bajo investigación debido a que autoridades de los Registros Públicos de Trujillo comunicaron a sus superiores que García Torres desde Lima presionaba para que le enviaran el expediente de los registros de los denuncios en disputa.

García Torres siempre lo negó. Pero la aparición de un documento que probaría que en sus oficinas sostuvo reuniones con los Sánchez Paredes decidió su suerte: ayer el diario El Peruano publicó la resolucion suprema firmada por la ministra de Justicia María Zavala y el presidente Alan García, que daba por concluidas sus funciones. Sin embargo, García Torres alega que su destitución es parte de una conspiración organizada por la superintendenta nacional de los Registros Públicos (Sunarp), Pilar Freitas Alvarado, quien también es personera de Perú Posible.

No los conoce

Reporte registra ingreso de uno de los Sánchez Paredes a la SUNARP. Click para ampliar.

Entrevistado por La República, el ex superintendente adjunto de la Sunarp afirmó que jamás conoció a los Sánchez Paredes y que nunca sostuvo encuentros con ellos. Incluso señaló que la queja que estos presentaron contra miembros del Tribunal Registral, a los que se acusaba de presunta corrupción, la desestimó en 48 horas.

Lo que determinó su salida es un reporte de Ignacio Lima Chacon y Ulises de la Cruz Linares, funcionarios de seguridad de Sunarp, quienes dieron cuenta de que García Torres y su asesor, Mario Bustinza Robles, en horas fuera de oficina, hicieron ingresar a un empresario de apellido Sánchez Paredes, acompañado por su abogado, y que llegó con resguardo especial. El hecho ocurrió el 15 de agosto. Coincidentemente, al día siguiente, 16 de agosto, García Torres solicitó a la Sunarp de Trujillo los documentos registrales de las propiedades que disputaban judicialmente los Sánchez Paredes con la empresa canadiense.

Como en casa

Ese mismo día, además, los abogados de los Sánchez Paredes, provistos de una copia del oficio enviado por García Torres a la Sunarp de Trujillo, reclamaron a este organismo que cumpliera con el pedido que les hacía el superintendente adjunto. García Torres calificó de falsos los documentos: “Están sembrando pruebas. Cómo se le puede dar credibilidad a un informe elaborado por el servicio de vigilancia si su personal está totalmente controlado por Pilar Freitas. ¿Se le puede dar credibilidad a ese personal de seguridad? Yo creo que no”.

Manuel García Torres es el primer alto funcionario y militante aprista sancionado con el cese por el gobierno de Alan García, bajo la sospecha de haber cometido un acto ilegal.