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Ex soldado espera que gobierno lo ayude a salir de la cárcel |
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DERECHOS HUMANOS • Gian Carlos Pinto Hurtado es acusado de participar en la matanza de Cayara, ocurrida en 1988, cuando él tenía 18 años • Fue apresado en Huarmey cuando indagaba por su situación legal • Desde penal limeño clama inocencia y espera ser liberado.
Alonso Ramos.
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Nilda Torres, la esposa de Pinto Hurtado, señala que los efectivos policiales de la comisaría de Huarmey le pidieron dinero.
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En la cárcel, que alberga a no pocos militares procesados por corrupción, se encuentra desde hace un mes un ex soldado que responde al nombre de Gian Carlos Pinto Hurtado y es acusado de violar derechos humanos. Desde hoy Pinto se convertirá en el primer militar al que el Estado dará ayuda legal.
Pinto Hurtado actualmente se encuentra en el penal para reos primarios San Jorge, y es acusado de tener participación directa en la matanza de campesinos en la comunidad de Cayara, Ayacucho, perpetrada el 14 de mayo de 1988, por un destacamento del Ejército.
"Con todo lo que estoy pasando me arrepiento de haber servido a la patria", comenta a La República un acongojado Pinto Hurtado, en una entrevista informal en el pabellón de visitas del presidio ubicado en el Cercado de Lima.
Pasado que condena
Su captura se produjo el pasado 23 de agosto en circunstancias insólitas. Intrigado por los rumores en Huarmey de que lo iban a apresar en cualquier momento, el ex sargento segundo del Ejército acudió a la comisaría para indagar qué pasaba. Y le dieron los motivos. Tenía una orden de detención desde el 1º de julio del 2005. Estaba acusado de homicidio calificado por la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial de Ayacucho a raíz de la masacre en Cayara, ocurrida hace 18 años.
"Nunca tuve participación. Mi patrulla, que se llamaba Otorongo y que pertenecía a la compañía antisubversiva 'Lince', fue del Fuerte Los Cabitos al lugar dos días después de los hechos para realizar solamente una visita de inspección", sostiene Pinto, que contaba con apenas 18 años entonces.
"Yo serví en el Ejército hasta el 88. Después traté de hacer mi vida normal. Y en ningún momento en todos estos 18 años me ha llegado una notificación a mi casa. ¿Por qué recién ahora?" , se queja.
A la deriva
Proveniente de una familia de pescadores, Gian Carlos Pinto Hurtado nació un 11 de agosto de 1969. Nada hacía presagiar a sus padres Francisco Pinto y Rosa Hurtado que el tercero de sus siete hijos, que se destacaba por su timidez en Huarmey, se iba a enrolar al Ejército cuando apenas tenía 16 años.
"Esta ha sido la primera y última vez que un miembro de mi familia se mete de soldado. Si estaba muy bien ayudándome en la pesca. No sé qué le pasó al muchacho", se lamenta don Francisco, quien visitó a su primogénito al penal de reos primarios en compañía de Ray, otro de sus hijos.
La trayectoria militar de Gian Carlos Pinto Hurtado duró muy poco. En cumplimiento de una norma de la época, que ampliaba hasta por dos años el tiempo del servicio militar obligatorio. Pinto se enroló a los 16 años y colgó el uniforme dos años después, en 1988.
Heridas que no cierran
Tras su alejamiento del mundo castrense, Pinto Hurtado se dedicó a la pesca y al servicio de mototaxis. Formó una familia en su natal Huarmey y actualmente tiene dos hijos: Belén Yahaira (16 años) y Franco Hipólito (9). Es el único sustento de su hogar.
"A mí nunca nadie me dio nada. Nadie me brindó ayuda psicológica cuando me fui del Ejército y aun así pude recuperarme. Pero, de pronto esto", afirma al término de la visita. "Espero que el gobierno cumpla su palabra y me ayude", agrega. Y nos despide.
Ahora está a la espera del equipo legal que enviará hoy el Ministerio de Defensa para ayudarlo.
Datos
APOYO. A Pinto Hurtado lo apoyará el Ministerio de Defensa a pedido de la Defensoría del Pueblo, dado que carece de recursos para solventar su defensa.
DENUNCIA. Nilda Torres, la pareja del ex militar, denunció que en la comisaría de Huarmey le solicitaron S/.150 para trasladar a Pinto a Lima . Ella y sus hijos se sustentan con ayuda familiar.
Piden que sigan otros casos
La Defensoría del Pueblo presentó al Ministerio de Defensa cuatro casos de militares procesados por cometer presuntos crímenes de lesa humanidad a fin de que se les brinden apoyo legal.
Según el defensor adjunto de derechos humanos, Eduardo Vega, los oficiales se encuentran en peor situación que la de Pinto Hurtado, ya que actualmente están recluidos en penales de máxima seguridad y no tienen recursos económicos para su defensa.
El presidente del PJ, Walter Vásquez Vejarano, saludó que se brinde asesoría jurídica a militares y policías. "La defensa de los militares estaba limitada por su trabajo y ahora con esta medida se logrará que la verdad se aclare", dijo.
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