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Los funcionarios del Archivo General de la Nación, frente a casos de inconducta funcional deshonesta o delictiva que han atentado contra el Patrimonio Documental, han realizado las denuncias correspondientes, de manera oportuna y ante las instancias legales.
Así lo asegura la jefa del Archivo General de la Nación (AGN), Teresa Carrasco Cavero, con respecto al descubierto negociado de documentos que debieron estar a buen recaudo en sus archivos; sin embargo, algunos de ellos aparecieron en manos de traficantes, en las agencias postales como encomienda al extranjero y en subastas por internet para el mejor postor.
El negociado lo puso al descubierto La República, con documentos y entrevistas a personas que conocen del caso, por lo que se esperaba de la jefa del AGN la presentación de más documentos y un descargo convincente, con culpables en las instancias judiciales pertinentes. No obstante, solo ha llegado a esta redacción un comunicado a la opinión pública que no contradice en absoluto lo informado en este periódico.
Vale distinguir la precisión de la doctora Carrasco en el citado comunicado, con respecto a que “como en cualquier entidad de la administración pública, es posible la existencia de personas deshonestas (pero) esto no debe generalizarse a todo el personal del AGN”.
No es cierto, sin embargo, que los artículos de La República sean comentarios malintencionados, como señala Carrasco en su comunicado. Debemos aclararle que todo lo publicado es el resultado de una investigación periodística, cuyas primeras noticias documentadas las recibimos hace más de un año y que por convicción profesional nos digna asumir, pues contribuye a la necesaria moralización de la gestión pública. También debemos recordarle a la doctora Carrasco que nuestro diario, durante años, ha sido un solitario y persistente combatiente frente a diversos actos de corrupción pública, por lo que hemos sufrido innumerables ataques, pero que felizmente el tiempo y la distancia nos entregaron la honrosa medalla del deber cumplido. |