Diario La República - Online - <b>Descentralización y gobiernos locales</b>

Jorge Márquez Chahú (*)

El proceso de descentralización es una deuda que la historia tiene con el país, y que vamos construyendo con la esperanza que te da imaginarte un país con un camino diferente. Sin embargo el idealismo con el que generalmente elaboramos la legalidad debe confrontarse con la experiencia a fin de que las normas sean las más adecuadas posibles. Ha comenzado el debate de la Ley de bases de la descentralización y uno de los puntos fundamentales de la misma está referido a los mecanismos de transferencia de los recursos del gobierno central a los gobiernos regionales y locales. Este punto es tan fundamental que de llevarse inadecuadamente puede originar un incremento del gasto tan peligroso como en Colombia o sencillamente el quiebre de un país como el caso de Argentina. Es interesante revisar en este sentido la experiencia colombiana. El excesivo incremento del gasto público, 141% de los ingresos corrientes de la Nación el año 1999, los llevó a plantear una estrategia global de ajuste de las finanzas públicas. Entre algunos elementos de la misma se crea instrumentos para racionalizar los gastos de los municipios e incentivar el mejoramiento de la gestión a través de parámetros establecidos en sus transferencias. Lo importante es que no sólo se busca atacar los problemas fiscales sino contribuir a la profundización del proceso de descentralización. Con la ley 715 del 2001 se establecen cuatro criterios de distribución: 40%, según la pobreza relativa, 40% en proporción a la pobreza urbana y rural, 10% por eficiencia fiscal y 10% por eficiencia administrativa. La eficiencia fiscal era entendida como el crecimiento promedio de los ingresos tributarios per-cápita de los tres últimos periodos fiscales. Y la eficiencia administrativa es el incentivo al municipio que conserve o aumente su relación de inversión, con ingresos por persona en dos periodos consecutivos. Bien podríamos entonces establecer criterios de eficiencia en nuestra transferencia hacia los gobiernos locales. Esto conseguiría incrementar la responsabilidad de un esfuerzo propio de parte de los municipios mejorando la calidad de sus recursos humanos y de su gestión recaudadora, disminuir la dependencia excesiva que existe con la transferencia del gobierno central, la cual si no se establecen estos parámetros se tendrá que incrementar en el tiempo por el aumento paulatino de las demandas, y se mejoraría los niveles de inversión con los recursos directamente recaudados. Pero la experiencia colombiana no es la única a considerar. En Guatemala el 10% se distribuye de manera proporcional al inverso del ingreso por habitante; en Chile, 35% en proporción directa al ingreso municipal propio por habitante de cada comuna, y en México se llega al 45%. Es entonces que la reciente experiencia de América Latina nos muestra un camino que se dirige hacia transferencias que incentivan las buenas prácticas gerenciales y desincentivan las prácticas ineficientes, ¿dejaremos de aprender de la experiencia ajena?