Inacción policial habría causado desmanes en gobierno regional. Alto mando no dio orden para repeler ataque de miles de vándalos.

Marco Sánchez.
Enviado especial a Madre de Dios.

Concertación. El ministro del Ambiente, Antonio Brack, en las calles de Puerto Maldonado junto a miembros del Ejecutivo y dirigentes gremiales, tras la firma del acuerdo.

Daño. Quince vehículos fueron incendiados al interior del gobierno regional. (Foto: Edgard Salazar)

Detención. Cuarenta indígenas fueron detenidos tras los desmanes. Según familiares, fueron maltratados injustamente. (Foto: Aprodeh)

Acuerdo. Acta incluye iniciativa para modificar ley de concesiones de tierras inundadas en selva baja.

Diálogo. Representantes de Madre de Dios en el diálogo de más de 4 horas con la comisión Brack. (Foto: Edgard Salazar)

Esta violencia del Paro de tres días provocó la llegada de una comisión de Alto Nivel que ayer, tras cuatro horas de diálogo con gremios y autoridades, formó una Mesa de Diálogo para instalar –por ahora– la tranquilidad en la región.

La caravana relámpago encabezada por el ministro del Ambiente Antonio Brack llegó muy temprano a esta ciudad con funcionarios de la PCM, ministerios de Agricultura, Energía y Minas, Cofopri y un congresista.

A las 10.30 de la mañana el diálogo estaba listo para empezar... excepto por un detalle: no había interlocutores. Los principales dirigentes de gremios estaban detenidos o eran inubicables, por el temor de ser aprehendidos por la Policía, que un día antes encerró a treinta personas.

Brack, junto al coordinador de la Presidencia del Consejo de Ministros, Juan Manuel Figueroa, y toda la comitiva tuvieron que acudir al local del principal gremio nativo, para dar garantías.

Solo así inició la larga reunión de cuatro horas. Quince dirigentes, alcaldes y el vicepresidente regional presentaron sus propuestas. El presidente regional Santos Kawai permaneció en Lima. Los pobladores aseguran que está corrido.

En la cita los dirigentes recordaron que en junio del 2007 el primer ministro Jorge del Castillo firmó un acuerdo de ocho puntos con la sociedad civil para prorrogar exoneraciones tributarias, obras de electrificación y formalización de la pequeña minería, entre otros.

CONTRA LEY DE LA SELVA

Los pobladores seguían guardando esa espina, que solo pasó cuando se anunció el nuevo acuerdo. Este incluye una iniciativa para modificar el proyecto de Ley 2133, sobre concesiones de tierras inundables en la Selva Baja.

Se garantizó también que el DL 1089 para formalizar predios rurales no afectará a territorios de comunidades nativas. El Ejecutivo se comprometió a revisar la Ley 27651, de formalización de pequeña minería. La sociedad civil además alcanzará propuestas para modificar el polémico proyecto del Ejecutivo 840, sobre inversión privada en Reforestación o "Ley de la Selva".

La Mesa de Diálogo concluyó que la próxima reunión será entre el 25 y 29 de agosto. También se dará una declaratoria de emergencia para no detener obras tras el incendio de la sede del gobierno regional.

"Madre de Dios puede quedar tranquilo. Ha habido máximo diálogo y todos firmaron el acuerdo. Está claro que el Congreso tiene la facultad de revisar los decretos legislativos que preocupan a la población", señaló el ministro Brack.

Antonio Iviche, dirigente nativo, calificó la Mesa de "paso importante", pero criticó al gobierno regional por "treparse al diálogo con las autoridades de alto nivel".

INCENDIO POLICIAL

Al otro extremo de la ciudad, La República comprobó la devastación que dejó el incendio de la sede del gobierno regional. Pérdidas estimadas en 3 millones de soles, 25 policías contusos y una desgracia solo comparada al incendio de un millón de pies cúbicos de madera, el 2001, tras una protesta contra el Inrena.

Pero el miércoles 9, a la furia de cuatro mil personas se sumaron decisiones erráticas del comando policial de la región. "Nos lanzaban botellas con gasolina y flechas encendidas. Quisieron prender fuego a 38 efectivos que tuvieron que huir, porque no tenían armas ni bombas para disuadir", reveló un oficial.

El oficial culpó al coronel PNP Julián Gonzales Zurita, jefe de la región policial, por no autorizar el uso de fusiles ni refuerzos. Dijo que incluso existía un informe de inteligencia que señalaba como punto crítico la sede regional.

El coronel Gonzales señaló que se redobló el personal y que la policía actuó "respetando los derechos humanos". Lo concreto es que 380 efectivos siempre será poco para una región de 110 mil pobladores.

De los 40 indígenas detenidos por el incendio, ayer se liberó a 26. El resto fue trasladado a la Fiscalía de la ciudad. La abogada de los nativos, Katia Pinedo, denunció que fueron maltratados y obligados a firmar declaraciones de culpa.

La comisión de Alto NIvel, según el ministro Brack, no pudo hacer nada por estos nativos, pues la Fiscalía es autónoma.

LA CLAVE

Denuncia. El congresista de Alianza Parlamentaria Juan Perry dijo que una de las razones que motivó a los indígenas a incendiar la sede del gobierno regional de Madre de Dios fue la presunta contratación de personal fantasma por parte del presidente regional,Santos Kaway. El legislador, quien integró la comisión de alto nivel que arribó ayer a la zona, sostuvo que "esta denuncia caldeó los ánimos de la población, porque un regidor de la oposición entregó documentos que hablaban de corrupción. Luego de esto muchos fueron directamente a quemar el local de la región".