José Luis López Follegatti.

El gobierno muestra un entusiasmo moderado. Como representantes del interés nacional no quisieran otorgarle el poder de decidir una inversión de 1,500 millones a una comunidad local. Reconocer este sí a la minería los obligaría a reconocer un no en otros lugares, como en Piura con el proyecto Río Blanco, ex Majaz.

Acaba de aprobarse un Reglamento de participación en la minería (D.S. 028-2008-EM), en el mismo se consagra el derecho de las comunidades a ser consultadas de acuerdo al Convenio 169 de la OIT, señalando que "toda persona tiene derecho a participar responsablemente en los procesos de toma de decisiones sobre asuntos referidos a la actividad minera que pudieran tener alguna incidencia sobre sus intereses". Importante avance que es rápidamente enmarcado cuando también se afirma: "La consulta no otorga a las poblaciones involucradas un derecho a veto a la actividad minera". En realidad, es muy difícil dentro de un Estado Unitario otorgarle a un territorio poder sobre temas que son de interés nacional. Tal vez la lección de Michiquillay es, que más allá de la legalidad de una inversión, las empresas deben buscar la legitimidad social de sus actos. La idea es simple, si consultada la población ella afirma con transparencia y representatividad un rotundo no, por más que no cuente con derecho a veto, una empresa responsable debe retirarse, y, a su vez, si expresa un sí, otros actores no deberían desconocer este pronunciamiento o desvirtuarlo.

Lo ocurrido en Michiquillay destaca un conjunto de nuevas reglas de relación que se están gestando complejamente, desde hace algunos años, entre minería y comunidad. Para entenderlo se requiere mirarlo como aprendizaje, expresado no solo en nuevos marcos legales de por sí importantes sino en códigos de conducta que actores, empresas y organizaciones adoptan, por decisión propia y basados en la autorregulación.

La consulta ciudadana es una de ellas. Hace solo 5 años su reconocimiento era inadmisible, las empresas ingresaban a un territorio poblado, con la única y exclusiva autorización del gobierno central. La relación con las comunidades se basaba en atender con preferencia a un sector de la misma dividiendo a la población y desatando polarizaciones. Pero temo que me estoy adelantando. Esto aún no es cosa del pasado. La minería tradicional existe, como reflejo del autoritarismo y desconfianza aún reinantes. Lo nuevo es que la minería moderna y responsable es ya una prometedora realidad. Y ambas conviven en indescifrable dualidad.