Por Enrique Patriau
Fotos: Melissa Merino

–Desde los sectores vinculados a Alberto Fujimori se afirma que en lo que va del juicio no se le ha probado nada. ¿Qué responde?

–Cuando se inicia el juicio, el 10 de diciembre, existía un importante acervo probatorio que dio sustento a los tribunales chilenos para decidirse por la extradición, y a lo largo de estos últimos meses se han obtenido muchas más pruebas que ratifican la acusación del Ministerio Público: Alberto Fujimori tiene un nivel de responsabilidad de primer orden en los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta.

–¿De qué pruebas hablamos?

–Son muchísimas. Empecemos por lo elemental. El Ministerio Público sostiene que Fujimori es autor mediato porque ejecuta los crímenes a través de un aparato de poder. ¿Cuál? El destacamento Colina, que ahora todos admiten que existió, creado con personal del Servicio de Inteligencia, dependiente de la Dinte…

–Y alentado en su trabajo por el poder político.

–Exactamente. Colina existió porque hubo la decisión militar de organizarlo y hacerlo funcionar con presupuesto y armas del Ejército, previa decisión política tomada a nivel del Ejecutivo, todo en el marco de un nuevo periodo de la guerra contrasubversiva. Si en los ochenta se apelaba al uso indiscrimando de la violencia, en los noventa asistimos a la utilización de los aparatos de inteligencia para represiones selectivas. Y los mismos jefes del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y del Ejército lo han dicho: había dinero para hacer lo que antes no se había hecho.

–¿Qué implicaba esa decisión política?

–No solamente más recursos y personal para los aparatos de inteligencia, sino además el establecimiento de una doctrina. Los manuales de inteligencia militar como ‘Equipos Básicos’ y el ‘Manual de Operaciones Especiales’ así lo demuestran. Eso supone una política de Estado…

–¿Que involucra a Fujimori?

–Eso no lo afirman los organismos de derechos humanos, sino los jefes político-militares como Valdivia Dueñas. Todos ellos encuentran una diferencia sustancial entre Fujimori y sus antecesores. Fujimori, dicen, sí se comprometió personalmente con la lucha antisubversiva. Lo veían como el líder que esperaban.

–Los propios testigos de Nakazaki.

–Eso hay que recalcarlo. Y además hay que agradecerle infinitamente a Nakazaki porque sus testigos, más allá de sus discursos aprendidos, han terminado por corroborar nuestras imputaciones. ¿Cuál era el presidente estrechamente vinculado con la guerra antisubversiva? Fujimori. Y no solamente porque lo digan los militares sino porque existen actos concretos suyos muy reveladores.

–¿Cuáles?

–Por ejemplo, instalación de bases militares en La Cantuta, San Marcos y la Universidad del Centro o el plan de entrega de armas a las rondas campesinas.

–Nakazaki sostiene que las órdenes de Fujimori eran de carácter administrativo.

–Las que he nombrado no lo son. Para nosotros queda claro que las decisiones del presidente generaban operaciones militares de largo alcance. Fujimori daba órdenes directas, verbales e ilegales, como cuando mandó a personal militar en actividad a disfrazase de fiscales para allanar la casa de Montesinos

–La defensa de Nakazaki se ampara en lo siguiente: no existe nada firmado, ningún documento directamente incriminatorio.

–Sí claro, él pide como prueba un oficio con el sello de la Presidencia. Eso no hay. Sí hay, en cambio, testimonios de varios integrantes de Colina que recuerdan conversaciones con Martin Rivas, antes y después de las operaciones, en donde él les asegura tener ‘luz verde del chino’. Esa es una vinculación directa con el presidente Fujimori, sin duda alguna.

EL PAPEL DE NAKAZAKI Y GIAMPIETRI

Confianza en la justicia. Carlos Rivera está plenamente convencido de que, al final del juicio a Fujimori, el Tribunal expedirá una sentencia condenatoria. “A las pruebas existentes se han añadido otras recabadas durante el proceso”, afirma.

–Seis meses muy intensos.

–¿Qué testigos faltan brindar su declaración?

–Cinco, entre ellos Hermoza Ríos y Vladimiro Montesinos.

–¿La presentación de Montesinos está confirmada?

–No, aunque Nakazaki ha dicho que ellos no temen una declaración suya, lo cual me da a entender que, probablemente, ya se hayan puesto de acuerdo.

–¿Qué cree que dirá Montesinos?

–Hay varios escenarios posibles. Uno, que no diga nada. Nuestra impresión es que Montesinos no va a echar a Fujimori. Quizás vaya en el plan de negarlo todo, de que la política antisubversiva respetaba los derechos humanos y demás.

–¿Cuándo podría terminar el proceso?

–El juicio puede entrar en su recta final hacia fines de agosto, con una sentencia en setiembre. Desde la parte civil estamos seguros de que será condenatoria. El Tribunal ya debe tener plena convicción sobre algunos elementos básicos de la imputación.

–¿Qué le parece el papel del Tribunal?

–Hasta ahora viene cumpliendo un rol fundamental. El papel de César San Martín es clave. Veremos lo que dice la sentencia, aunque, como el propio vocal ha señalado, esta derivará de lo que presenten las partes. Y, creo, la acusación ha sido plenamente corroborada. Fujimori fue el punto de partida de una política orientada a perpetrar actos de violaciones a los derechos humanos. Eso está completamente demostrado.

–¿Y qué piensa de la estrategia de defensa de Nakazaki?

–Nakazaki es un buen abogado, definitivamente. No obstante, ahora sí lo podemos decir, hay gruesos errores en su estrategia de defensa. No se puede defender al rey del perro muerto afirmando que su accionar político siempre se sustentaba en la formalidad, en la legalidad. Eso no es creíble en Fujimori, quizás sí en el caso de otros. Pero Fujimori, desde que se instaló en la presidencia, desarrolló la mentira como un elemento central de su gestión. Nadie puede decir que los cientos de desaparecidos entre 1990 y 1993 obedezcan a simples excesos.

–En medio del juicio, se ha revelado el verdadero terror de Los Cabitos y de Putis, pero nadie del gobierno dice nada al respecto.

–Eso es alarmante y hasta dramático. Este gobierno se ha encargado de enviar mensajes muy claros a jueces y fiscales de que no va a permitir un nuevo aliento de la judicialización. Los roles del presidente Alan García y del vicepresidente Giampietri son evidentes. No quieren más casos de derechos humanos. Por eso, en el plazo que va desde la presentación del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación hasta que se fue Alejandro Toledo, unos dos años y medio, se abrieron cerca de 40 casos. En lo que va del gobierno de García, apenas 10.

–Y ahora sale Giampietri a proponer que el Perú se retire de la competencia de la CIDH.

–Se está cuidando las espaldas en realidad, porque hay una resolución pendiente en el caso El Frontón. Pero claro, él es el gran defensor de todos los militares comprometidos en violaciones a los derechos humanos.

– Y de Fujimori ...

–Obviamente, él incluido.