La denuncia presentada contra 35 líderes ambientalistas de Piura y Cajamarca por un supuesto Frente de Unidad de la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas de la Provincia de Huancabamba, a los cuales se acusa de terrorismo y múltiples delitos es un escándalo que no debe quedar inadvertido, pues forma parte de la nueva estrategia de la empresa Majaz –ahora en manos del consorcio chino Zijin Mining Group– para imponer el proyecto minero Río Blanco en la zona, contra la voluntad de la población.

Como se recordará, una consulta democrática bajo observación internacional rechazó el año pasado, y por aplastante mayoría, la presencia de actividad minera en la zona, dedicada desde hace mucho a la agricultura. Sospechosamente, la entidad denunciante –formada en diciembre de 2007, apenas dos meses después de perdido el referéndum– no tardó en formular denuncia contra 300 comuneros, entre los cuales los 35 ambientalistas señalados, y no es casual, son alcaldes, presidentes de comunidades y frentes de defensa o de rondas campesinas. A ellos se suman ocho profesionales del equipo técnico de ONG que asesora al movimiento ambientalista.

Se les acusa de terrorismo en 15 modalidades distintas. Lo curioso es que menos de una decena de los denunciantes pertenecen a la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas, que cuenta un millar de miembros y reconocida trayectoria. Tampoco se presentaron a ratificar los cargos en las dos primeras citaciones del juzgado. Con lo cual se confirma la sospecha de que nos encontramos ante un ente paralelo a la Comunidad mencionada, que funciona como organismo de fachada para intentar el debilitamiento de la férrea oposición al proyecto minero.

Se trataría, entonces, de imponer por la fuerza y mediante triquiñuelas legales lo que no se ha podido ganar por la razón y de este modo favorecer a la empresa china, la cual finge no darse por enterada de los resultados de la consulta, que expresan un rotundo rechazo a la presencia minera en dicha zona. Sin representatividad alguna y con fondos cuantiosos cuyo origen es un misterio, el frente paralelo edita una lujosa revista, la cual titula "Unidad comunera", desde la cual se dedican a atacar a los ambientalistas.

Lo anterior resulta preocupante, pero peor resulta la acusación de que el gobierno se encuentra favoreciendo la actuación de este organismo paralelo, impulsando esta denuncia farsesca e ignorando la voluntad libremente expresada de las comunidades. Se trata de aplicar una política de coacción a fin de asfixiar a las voces opuestas a la instalación del proyecto minero mediante la amenaza de procesos manipulados y cárcel para cuantos osen protestar. Un camino arriesgado y peligroso que busca reemplazar los mecanismos democráticos y de diálogo por la imposición y la violencia.