Se ha iniciado en Ginebra la reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que se lleva a cabo cada año y examina la situación de los derechos humanitarios en los diversos países del mundo. A esta reunión acudirán representantes de la Coordinadora Nacional de DDHH –que agrupa a 64 ONG que trabajan el tema– con el fin de presentar un informe que da cuenta del retroceso y deterioro que en materia de DDHH se registra en el país.

Para demostrarlo citan el hostigamiento contra las personas que trabajan en la judicialización de los casos de violaciones de DDHH, la falta de garantías fundamentales para el trabajo de las ONG vinculadas al tema , la negativa del gobierno a implementar el Plan Nacional de DDHH, así como la emisión de decretos legislativos que criminalizan la protesta social. El informe registra 78 incidentes acaecidos desde enero de 2007 a miembros de estas ONG (amenazas, hostilizaciones, acusaciones por difamación) y que abarcan también a testigos, agraviados, peritos y operadores de justicia.

A no dudarlo, el reciente incidente ocurrido en el Consejo Nacional de DDHH, con la expulsión de la Coordinadora, CEAPAZ y el Concilio Evangélico, estará incluido en el informe. Este hecho inaudito ha intentado ser corregido por el gobierno, que ha dado marcha atrás e invitado a los excluidos a participar nuevamente en las reuniones de un organismo que no ve casos concretos sino cuestiones de política general, pero aún no está claro en qué condiciones se producirá este retorno.

Algunos atribuyen la mala relación entre el gobierno aprista y los organismos de DDHH al precedente de la masacre de Penales, cuyo juzgamiento –reabierto por la Corte Interamericana de San José– pesa sobre el futuro político del presidente cuando deje el cargo; otros consideran que la presencia del vicepresidente Giampietri, que hace de puente entre el Ejecutivo, el fujimorismo y un sector de las FFAA, ha sido decisiva para esta mala relación. Como se sabe, el señor Giampietri se opone a que se juzgue a uniformados por violaciones de DDHH e incluso agita la peregrina tesis de una "tercera instancia" entre los fallos de la Corte de San José y su cumplimiento obligatorio por el gobierno peruano.

Como sea, pocos imaginaron que, en materia tan delicada, el gobierno se colocaría a la cola de los fujimoristas y la ultraderecha mediática, adversarios desde siempre del Informe Final de la CVR, de toda política nacional de defensa de los DDHH y opuestos a otorgar reparaciones individuales a las víctimas de la violencia. En este sentido, es verdad que se registra un retroceso, y un hecho tan escandaloso como el hallazgo de los restos de 81 personas sepultadas con huellas de ejecución y torturas en el cuartel Los Cabitos no merece el menor comentario a voceros del oficialismo. Que esto ocurra en vísperas de la Cumbre ALC-UE, tan sensible esta última al tema DDHH, no deja de ser una triste paradoja.