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Gobierno dicta medida de excepción ante violencia perpetrada durante el paro agrario. También emitió resolución para que el Ejército asuma el control interno de las zonas declaradas en emergencia.
 Firme. Del Castillo argumentó que el gobierno no podía permanecer impasible ante el bloqueo de un millar de ómnibus. (Foto. Roberto Cáceres). |
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El gobierno dispuso la declaratoria del estado de emergencia en ocho provincias de los departamentos de Lima, Áncash y La Libertad por una semana, con el objetivo de resguardar a los ciudadanos que quedaron varados en diversas carreteras debido a los bloqueos perpetrados en el marco del paro agrario.
La medida, aprobada a través del Decreto Supremo 012-2008, incluye a las provincias de Huaura, Huaral y Barranca, en Lima; Huarmey, Casma y El Santa, en Áncash; y Virú en La Libertad. Junto al DS, el Ejecutivo emitió la Resolución Suprema 057- 2008, que permite a las Fuerzas Armadas, particularmente al Ejército, asumir el control interno en las zonas declaradas en emergencia.
"Esto implica la suspensión de los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y tránsito", precisó el premier Jorge del Castillo.
"MEDIDAS NECESARIAS"
 Excesos. Como otras veces, los transeúntes se han visto afectados por el paro. (Foto. Marino Sánchez). |
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El titular de la PCM dijo tener información de que hay mil ómnibus parados, por eso el Estado no puede ser impasible. Agregó que si bien las medidas pueden ser severas "son absolutamente necesarias en resguardo del orden interno del país".
Del Castillo responsabilizó de la violencia a los dirigentes que impulsaron la convocatoria al paro. "(Enrique) Málaga –presidente de la Junta Nacional de Regantes– y compañía son los responsables por hacer la convocatoria sin medir las consecuencias. Se ha abierto es la puerta de la violencia de forma irresponsable y les exigimos que esta medida quede en suspenso de inmediato y que liberen las carreteras, Dios quiera sin necesidad de una intervención militar o policial, pero si fuera necesario las FFAA y la Policía actuarán decididamente", dijo.
Que se aplique el peso de la ley
El premier Jorge del Castillo invocó al Ministerio Público "para que ponga todo el peso de la ley" contra las personas que resulten responsables de los actos de violencia que fueron perpetrados en diversas carreteras del país durante el paro agrario. Recordó, en ese sentido, que las leyes vigentes establecen severas sanciones para las personas que afectan las vías de comunicación con violencia, y que para esos casos la pena es de entre 4 y 8 años de cárcel.
"Esto implica que toda persona que sea detenida como responsable de esta toma de carretera será procesada con mandato de detención y esperamos que los fiscales actúen con la ley en la mano y que los jueces decreten también lo pertinente en defensa de la ciudadanía", dijo Del Castillo en conferencia de prensa convocada pasadas las 10 de la noche.
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