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Empresa "Activos Mineros SAC" decidió bloquear el paso apelando al derecho de propiedad. Alcalde señala que vía Morococha-Centraminas es pública por ordenanza municipal.
Elizabeth Prado.
 Bloqueada. Treinta metros cúbicos de roca y tierra y una malla metálica cierran una vía utilizada desde hace cien años por las comunidades de Morococha y Yauli. |
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Hace casi un año los pobladores del distrito minero de Morococha vienen librando un diálogo de sordos con las autoridades policiales y judiciales de la zona para que se les restituya el libre tránsito en la antigua vía Morococha-Centraminas, cerrada por decisión unilateral de la empresa Activos Mineros SAC, en marzo pasado. En el afán de delimitar lo que considera áreas privadas, personal de esta empresa llegó a encerrar en una bocamina a dos personas que se encontraban trabajando en su interior, los que fueron rescatados inconscientes y atendidos por gaseamiento en el centro de salud del lugar.
Christian Gadea Bicerra y Percy Ataucusi Bujaico se quejaron de que sus demandas por delito de bloqueo y usurpación de una vía pública y contra la vida y la salud no hayan sido atendidas hasta el día de hoy. Sin embargo, cuando la población decidió liberar la arteria por mano propia en mayo pasado, la policía de Morococha y la fiscalía de La Oroya dieron inmediato curso a las denuncias por daños interpuesta por Activos Mineros contra cinco pobladores, incluido el asesor legal Juan Verástegui Mattos.
DERECHO DE TRÁNSITO
El 5 de mayo, cuando se produjo el encierro de Nerio Atencio Verástegui y Antolino Amaro Marcos en un socavón de Centraminas, la policía de Morococha constató el delito y, lejos de atender la queja de las víctimas, conversó con un empleado de Activos Mineros y el chofer del cargador frontal que ejecutó el encierro, y se retiró del lugar.
En adelante, respaldó el cierre de la vía e impidió el tránsito de los pobladores a quienes les exigió probar su derecho de circulación tal como lo había hecho Activos Mineros SAC. De no hacerlo tendrían que pasar por los cerros colindantes.
Según el registro de constataciones de la comisaría de Morococha, la empresa minera presentó la inscripción de propiedad en Registros Públicos del sub lote 28 correspondiente al predio denominado Cajoncillo Bajo.
Desde entonces, la población no puede trasladarse libremente a Centraminas donde, merced a un convenio entre la compañía Casapalca y la municipalidad de Morococha, tenían prioridad para laborar en ese centro minero.
EL DATO
DEFENSORÍA DEL PUEBLO. El comisionado Héctor Sanabria Castillo constató en junio pasado la obstrucción vial, pero hasta el momento no ha emitido el informe correspondiente.
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