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Ministro Alva Castro negó irregularidades en adquisición para la PNP. En tres semanas, la Comisión de Fiscalización tendrá el informe preliminar.
Romina Mella.
 Cuestionamientos. La Contraloría ha puesto en tela de juicio el proceso de compra de los pertrechos antimotín para la PNP. Alva descarta irregularidades. (Foto: José Abanto) |
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Las investigaciones de la Contraloría General de la República sobre la frustrada compra de pertrechos antimotín para la Policía Nacional confirmaron una serie de irregularidades que se dieron en el proceso desde su inicio y que culminó con la anulación del contrato con la empresa proveedora Combined Systems, de parte del Ministerio del Interior (Mininter).
El documento –que fue expuesto el martes por funcionarios de la Contraloría en sesión reservada ante la Comisión de Fiscalización– reveló que cuando el Mininter declaró el desabastecimiento inminente de material antimotín el 18 de julio, no determinó ninguna responsabilidad de los funcionarios de la PNP y la OGA, a pesar de que las normas del Consucode señalan que debieron identificarse a los responsables.
Ese mismo día, Nelly Trinidad Rodríguez, entonces secretaria general del Ministerio, aprobó las bases para la adquisición de municiones y designó a la Dirección de Logística de la policía las gestiones para la compra, cuando la única facultada para hacerlo era la Oficina General de Administración (OGA).
Asimismo, el hecho de que el Mininter haya pretendido comprar pertrechos a través de una compra urgente, para abastecer a la PNP por más de un año –cuando debió adquirir material antimotín solo para 120 días y luego convocar a una licitación–, también constituye otra irregularidad.
La Contraloría, que aún no ha concluido las investigaciones sobre el caso, deberá determinar las responsabilidades administrativas y penales de los funcionarios de Interior implicados en las irregularidades.
Además, el Órgano de Control está revisando los almacenes de la Policía para determinar si hubo o no desabastecimiento de pertrechos.
"No hay irregularidades"
Al ser consultado por este diario, el titular del Interior, Luis Alva Castro, negó la existencia de irregularidades en el proceso de la fallida compra de pertrechos.
"No hay ninguna irregularidad en la compra. Cuando haya un informe nos pronunciaremos, pero como no existe, no lo haremos", dijo con tono tajante.
Por lo pronto, la Comisión de Fiscalización, presidida por el congresista Francisco Escudero (UPP), tendrá listo en tres semanas el informe preliminar sobre el caso de la frustrada compra.
Claves
EN FALTA. El presidente de la Comisión de Fiscalización, Francisco Escudero, indicó que Alva Castro aún no remite la carta de crédito firmada entre el Mininter y la empresa proveedora Combined Systems. Tampoco ha entregado la investigación que avale el desabastecimiento de pertrechos.
CITACIÓN. El martes, la Comisión decidirá quiénes serán los próximos citados .El primero en la lista sería Jack Hananya, representante de Combined Systems.
Adquisición de pertrechos sigue en espera
ºEl ministro del Interior, Luis Alva Castro, anunció ayer que su despacho aún no define cuándo ni qué entidad se hará cargo de la adquisición de material antimotín. "Estamos evaluando quién se encargará de la compra, pero aún no tenemos definido cuándo se hará", señaló.
Alva Castro negó categóricamente que en algún momento haya anunciado que su portafolio delegaría el proceso de compra de pertrechos para la PNP al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). "Yo no he anunciado nada. Han escuchado mal o he dicho mal, pero yo no he dicho que el PNUD se encargaría de la compra", aseguró el ministro a La República.
Sin embargo, el lunes 15 de octubre –en Palacio de Gobierno y acompañado del presidente de la República Alan García– Alva dijo que el PNUD iba a ser el encargado tanto de la compra de material antimotín como de la adquisición de patrulleros para dotar al proceso del "máximo de transparencia".
Mientras el Ministerio del Interior no compre nuevo material, este tendrá que pedir donaciones a otros países para que los efectivos policiales afronten los once conflictos sociales –desatados y por desencadenarse– según informaron los gremios, entre octubre y noviembre.
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