Carlos Reyna.

Hay un punto en común entre los demagogos y los tecnócratas socialmente irresponsables. Todos tratan a los ciudadanos como a una masa a la que hay que domesticar constantemente, convirtiéndola cada día en algo dócil y manipulable que se rinda a su tutela sin resistencias.

Un caso extremo es el que ocurre con el censo del próximo domingo 21. El jefe del INEI pretende imponernos un día de encierro domiciliario a todos los peruanos. Alega que, para hacer el censo, se necesita recluir en casa, durante 10 horas, a unos 27 millones de peruanos y dejar desiertas todas las calles, de todas las ciudades y pueblos, a lo largo y ancho de todo el país. Unos 7 millones de hogares convertidos en lugares de encierro forzoso. Todo el Perú convertido en un inmenso panóptico.

Los periodistas han hecho flecos las peregrinas justificaciones del jefe del INEI. Le han recordado lo más importante: esa disposición vulnera derechos constitucionales de manera clarísima. Pero nada parece conmoverlo, escudado en un decreto con rúbrica presidencial. El punto es que la Constitución está por encima. Y se trata de una manera tan boba de desconocer derechos que sería todo un síntoma de debilidad ciudadana que se llegue a consumar.

Hay otro modo, menos burdo, pero más perverso, de ir domesticando al ciudadano. Es el proyecto del Ejecutivo de entregar dinero en efectivo a las familias de los distritos con explotaciones mineras. Para esa entrega, los municipios distritales tendrían que destinar el 35% de lo que obtengan por concepto del canon minero.

Es obvio que este proyecto es la respuesta del Ejecutivo y de sus tecnócratas a la fuerte resistencia de ciertas comunidades a la manera prepotente como se instalan y funcionan determinadas empresas mineras en sus circunscripciones.

Una respuesta distinta habría sido la de establecer una verdadera fiscalización ambiental, asumida por una autoridad autónoma y creíble. Otra más, complementaria, sería la de reconocer atribuciones a los gobiernos regionales y locales en el proceso de autorización a las explotaciones mineras. El gobierno prefiere el método de seducir gente dándole dinero.

Se trata de un caramelo emponzoñado para los ciudadanos de esos distritos. Lo dulce está en esos soles que siempre necesitarán en medio de la pobreza. Lo venenoso está en el debilitamiento inevitable que sobrevendrá para sus municipios. No sólo porque les recortan el canon, sino porque la distribución del dinero hará aflorar, inevitablemente, los conflictos y las discordias dentro de ellos y en torno a ellos.

Comprar voluntades y llevar los conflictos hacia dentro de los distritos es la manera como el Presidente y ciertos ministros encaran los problemas entre las comunidades y la minería. Qué tales demócratas.