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Comunidades piden estudiar impactos negativos de la minería y consultas con la población previo a su establecimiento.
Por José Carlos Reyes.
Foto: Roberto Guerrero.
 Proyectos. Las inversiones mineras deben ser responsable socialmente. |
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Gran controversia ha generado el proyecto de ley 1640 presentado por el Ejecutivo al Congreso, en el que busca declarar de "Interés Nacional" la ejecución de 20 proyectos mineros –incluido Majaz–, pues varios de ellos ya generan conflictos socioambientales con las poblaciones aledañas.
Según los especialistas, de aprobarse este proyecto se podrían desencadenar nuevas convulsiones socialesparecidas a las de Majaz.
Un informe de la Defensoría del Pueblo afirma que la actividad minera es la principal fuente de conflictos sociales. Así, de los 76 disturbios que actualmente existen en el país, 35 de ellos se deben a enfrentamientos entre las comunidades con las mineras, pues la contaminación ambiental afecta la agricultura y la salud de los pobladores.
No respeta OIT
El panorama puede agravarse si se tiene en cuenta que entre los 20 proyecto mineros que el Ejecutivo busca priorizar, cuatro actualmente generan conflictos con las poblaciones (ver infografía).
Juan Navarro, dirigente de la Confederación Nacional del Comunidades Afectadas por la Mineria (Conacami), asegura que el proyecto viola lo establecido en el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) –al cual Perú está suscrito–.
Este indica que toda empresa que busca extraer recursos naturales debe contar con la autorización de las comunidades aledañas. "Esto no se cumple y además no se realizan adecuados estudios sobre el impacto negativo de la actividad minera", señaló Navarro.
Carácter político
Incluso el propio viceministro de Minas del Ministerio de Energía y Minas (MEM), Felipe Isasi, reconoció que este proyecto posee sobre todo un carácter político, pues evidencia las intenciones del gobierno de comprometer lo más pronto posible los US$ 11,800 millones de proyectos mineros en cartera. "Pero no buscamos expropiar tierras, pues la Constitución establece que esta solo procede en casos de seguridad nacional. Por el contrario el Estado mantendrá los niveles de exigencia medioambiental", explicó.
Sobre las críticas al MEM por otorgar convenios de estabilidad tributaria a proyectos mineros que aún no cuentan con un Estudio de Impacto Ambiental, dijo que ello no significaba un adelanto de opinión, sino que solo buscan garantizar un régimen estable a futuras inversiones.
Según José De Echave, experto en temas mineros, el gobierno utiliza un doble discurso, "por un lado establece mesas de diálogos –como para el caso Majaz– mientras que declara que ‘sí o sí’ estas minas llegarán a establecerse", apuntó.
Citarán a ministro
El congresista Juvenal Ordóñez, miembro de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, denunció que el Ejecutivo busca aprobar el proyecto en el Pleno de este jueves. Por ello solicitará que el proyecto siga el proceso formal y primero se discuta en esta comisión el próximo lunes e invitarán al titular del MEM, Juan Valdivia, para que explique los beneficios y perjuicios del documento.
Vienen nuevas protestas
La Conacami señaló que de prosperar este proyecto la situación podría volverse crítica. Indican que algunos de estos proyectos se superponen a territorios de las comunidades, por lo que éstas se negarán a ser evacuadas. "Este mes estamos preparando marchas a nivel nacional de nuestras 1,250 comunidades campesinas e indígenas que conforman nuestras bases", manifestó Juan Navarro.
José De Echave expresa que una medida para acabar con la desconfianza de las poblaciones sobre los proyectos mineros sería establecer una Autoridad Ambiental Autónoma con rango de ministerio, para que evalúe de forma independiente el impacto ambiental de cada proyecto. "En 15 años ningún proyecto minero ha sido desaprobado. El MEM no es un filtro adecuado", sostuvo.
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