Mirko Lauer.

El analista político Carlos Reyna acaba de opinar en este diario que una de las explicaciones para la ola de protestas regionales es que son impulsadas por movimientos que carecen de representación en el Congreso. La solución que propone es que se abra la competencia para ocupar curules a partidos regionales.

Refuerza esta tesis el que las movilizaciones busquen como destino una mesa de negociación con el gobierno central, a la cual buscan acudir no solo las autoridades, sino todos los que tienen alguna capacidad de agitación. En el fondo, una suerte de mini-Congreso ad hoc para la búsqueda de un resultado puntual.

La propuesta de Reyna es importante, si bien contiene algunos problemas. Uno es de tiempo y voluntad política: los partidos regionales no se podrían poner a prueba hasta el 2011, siempre y cuando los partidos nacionales del Congreso les den el pase. Esto no hace menos convenientes a los partidos regionales, pero los vuelve una fórmula complicada.

Otro problema es el de la fragmentación: el triunfo electoral regional/municipal (a menudo con votación muy poco más encima de 20%) deja sitio para una oposición con más recursos potenciales que el oficialismo local. Lo cual hace del presidente regional o alcalde una suerte de rehén de las movilizaciones, cuando no su blanco.

Nadie ha explorado a fondo, que sepamos, la relación entre lo administrativo y lo político en las protestas de estos tiempos. Es decir, en qué momento un reclamo por un resultado concreto se convierte en una movilización en las calles. La respuesta automática es que es una reacción a la frustración por inacción de los operadores responsables.

Pero hay más explicaciones. Una es la protesta como una forma de competencia entre los grupos políticos locales, una suerte de chiaraje moderno en el cual el gobierno central recibe los latigazos, pero en el fondo cumple la función de árbitro. Quizás el asambleísmo de la fórmula regionalista de los años 80 hubiera ayudado en este aspecto.

Podría argumentarse que la visión reformista de la política regional, como la de Reyna, solo aborda el mediano y largo plazo. El problema con la visión inmediatista (solo apagar los fuegos) es que convierte al largo plazo en una suma interminable de conflictos. Reyna hace notar que muchos de los problemas de hoy vienen de 20 años atrás.

Estamos suponiendo que la entrega de recursos pronto a las autoridades locales para que ejecuten proyectos calmará las aguas. No descartemos que ella tenga el efecto contrario, al exacerbar la Competencia entre bandos locales. La lección de las empresas mineras modernas que avanzan con equipos de antropólogos por delante es más valiosa de lo que parece.