Mirko Lauer.

Un grupo de congresistas (entre ellos el co-presidente Luis Giampietri, cómo no) viene proponiendo (Moción 965) una comisión investigadora que busque responsables de que el terrorismo haya sobrevivido a Valentín Paniagua y Alejandro Toledo. La idea es acumular las responsabilidades en la vuelta del régimen democrático, cuando estas vienen desde bastante más atrás.

A los firmantes les preocupa que "la política antiterrorista iniciada con la presente década, la flexibilización del sistema penitenciario de los condenados por terrorismo, el sistema de conmutación de penas, el otorgamiento de indultos a condenados por terrorismo, la anulación de los procesos contra terroristas y demás acciones y omisiones del Estado, han podido ser un elemento coadyuvante para que no se haya logrado la total erradicación de dicho fenómeno."

No les preocupa, en cambio, la peligrosa alianza entre el narcotráfico y los remanentes del terrorismo que viene desde la década pasada, como el país conoce.

No tiene ninguna base la ridícula acusación de cierta prensa fujimontesinista de que lo que ocurre hoy se debe a muestras de debilidad de los regímenes democráticos luego de la autocracia de los años 90.

No se ha demostrado la existencia de un solo indultado o persona a la que se le haya conmutado la pena (colaboradores eficaces), que haya incurrido en la comisión de actos terroristas.

Más bien, lo que es obvio es que existe una alianza financiada por el narcotráfico y sectores cocaleros, que avanza por falta de actividades de inteligencia y de una estrategia definida.

El Congreso debe analizar lo que ocurre ahora en el país. La inoperancia o negligencia de las autoridades hoy responsables de la seguridad interna no puede buscar una coartada en hechos del pasado que no están relacionados a la continuada actuación de los remanentes del terrorismo desde fines de la década del 90 (Alberto Fujimori prometió erradicarlos para 1995, e incumplió) en donde el narcotráfico, de un lado, y la inacción gubernamental, por el otro, son dos factores cruciales para entender lo que hoy pasa.

Se asume, equivocadamente, que antes de noviembre del 2000 la política antiterrorista era correcta, y que no merece investigación alguna. Se desconoce que los bolsones de terroristas en el valle del río Apurímac-Ene (VRAE), Huallaga y otras zonas eran de perfecto conocimiento a fines de la década pasada, y vivían en perfecta tranquilidad.

En la más catastrófica operación de "negociación" emprendida por el Estado peruano, una extraña reunión de "diálogo" promovida por el Gral. Eduardo Fournier en el VRAE con las huestes de Feliciano en 1999 terminó con la muerte de un oficial y otros efectivos del Ejército Peruano, la destrucción del helicóptero y el robo de las armas y municiones del Ejército que fueron las que en junio del 2005 las huestes terroristas utilizaron en el secuestro de los trabajadores de Techint. Eso nunca se investigó.

La implícita acusación a la "flexibilización" del sistema penitenciario, supuestamente producida con el retorno de la democracia, oculta la condición de los penales de máxima seguridad al fin del gobierno autoritario. El 25 de noviembre del 2000 se encontró un sistema penitenciario colapsado y en llamas. Las normas "duras" de mediados de los 90 se habían convertido en ficción. Salvo en el penal femenino de Chorrillos, todo era infraestructura destruida: locutorios arrasados, puertas sin llave, pabellones sin rejas. A principios del año 2000, el Gobierno fujimorista claudicó del control de la mayor parte de los establecimientos penitenciarios, dejando los penales bajo el control efectivo de los internos.

La verdadera flexibilización se dio durante el gobierno de Fujimori a través de las visitas a la Base Naval de más de 17 dirigentes de Sendero (en distintas ocasiones), la última de las cuales fue el 14 de noviembre del 2000. En estas reuniones de "cumbres" producidas inexplicablemente por el régimen de Fujimori (la última, el 14 de noviembre del 2000) culminaron en aquella reunión en que Osmán Morote y María Pantoja fueron trasladados desde Yanamayo a la Base Naval para una reunión "cumbre" con Abimael Guzmán y Elena Iparraguirre. Como es de conocimiento público, allí discutió y afinó la nueva línea senderista ("solución política") de cinco puntos.

La llamada prisión modelo de Yanamayo estaba colapsada, las rejas arrancadas de cuajo, destruido el muro divisorio entre el pabellón de varones y el de mujeres, y ninguna señal de ejercicio de la autoridad, pues ninguna autoridad civil, policial o militar se atrevía a ingresar a dicho recinto penitenciario.

El gobierno de transición nombró una comisión técnica presidida por el Almirante Alfonso Panizo, quien constató esa gravísima situación y produjo diversas recomendaciones que fueron ejecutadas. Por su parte, los penales de El Milagro en Trujillo, Socabaya en Arequipa y Castro Castro en Lima habían sido materia de negociaciones entre las autoridades y los internos durante 1999 y el 2000, lo cual llevó a la abdicación de la autoridad estatal.

En cuanto a indultos y conmutaciones, la Moción parece desconocer que estos no empezaron en noviembre del 2000. Lo cierto es que: a. los indultos y conmutaciones se iniciaron con Fujimori; b, la mayoría de indultos y conmutaciones se produjeron durante el régimen de Fujimori (AFF dictó 513 indultos cuando el gobierno de transición y el de Toledo juntos no llegaron ni a la mitad de esa cifra).

La moción 965 es sesgada y parcializada, y busca ocultar lo que ocurrió durante el fujimorismo mediante una falsa respuesta a la existencia de los remanentes del terrorismo en el restablecimiento de los derechos democráticos en el país. Durante los años 90 (la década del robo), el gobierno de Fujimori ocultó al país el estado de desgobierno de los penales, los tratos indebidos con la cúpula senderista y la aplicación de una legislación que produjo cientos de personas inocentes y que favoreció la impunidad.