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Luis Alberto Salgado admite que lo hizo en 2006 • Expertos opinan que podría haber conflicto de intereses en casos que comprometen al gobierno de García, como el de Cantoral.
Milagros Salazar.
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Luis Alberto Salgado reactivó su militancia aprista cuando se inició el segundo gobierno de Alan García. (Foto. Percy Ramírez).
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El abogado Luis Alberto Salgado no solo es el agente del Estado por el caso Castro Castro. También es quien tiene en sus manos desde el Ejecutivo la promoción y difusión de los derechos fundamentales. Y, por lo tanto, es quien representa al Perú ante el sistema interamericano de derechos humanos, incluso en los casos que comprometen a las autoridades de su agrupación política: el Apra, el partido de gobierno, en el cual empezó a militar en los años 70.
Luego de ausentarse del país entre 1993 y 2001 para trabajar en las Naciones Unidas como observador en materia de derechos humanos en diversos países, el año pasado Salgado se reinscribió en el APRA, justo en pleno retorno de Alan García al poder.
"El año pasado presenté una ficha en el comité aprista de Surco, simplemente llené un formulario de reinscripción para reactivarme al partido", dijo el abogado a La República tras aclarar que, a pesar de oficializar su reingreso al APRA, no ha participado en actividades partidarias hasta el momento.
Una cofradía
La militancia aprista de Salgado se remonta a 1976, cuando presidió el Centro Federado de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica junto a Mauricio Mulder, el actual secretario general del APRA.
Como hijo de una familia de apristas, Salgado ocupó cargos importantes durante el primer gobierno de García. Fue asesor del Ministerio de Economía y el enlace con el comité de administración del Banco de Crédito durante el cuestionado proceso de la estatización de la banca, en 1987.
También fue asesor del Ministerio de Justicia y secretario general de este mismo portafolio en 1988. Y entre 1989 y 1992 integró el Comité Ejecutivo Nacional del APRA.
Hoy, se encuentra inhabilitado por el Colegio de Abogados de Lima (CAL). Un dato que llama la atención, si se considera que el vocero de la bancada aprista Javier Velásquez cuestionó recientemente que el gobierno de Alejandro Toledo contratara a agentes del Estado que aparecían como inhabilitados, es que Salgado, al igual que los agentes denunciados por Velásquez, no está sancionado por alguna falta grave sino por no haber pagado una multa que se le impuso por no votar en las últimas elecciones del CAL.
Conflicto de intereses
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Salgado está acreditado ante la Corte por el caso Castro Castro. (Foto. Archivo).
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Con una militancia aprista confesa, en casos como el asesinato del ex dirigente minero Saúl Cantoral, quien según colabores eficaces habría sido ejecutado por el comando "Rodrigo Franco" presuntamente dirigido por el ex viceministro aprista Agustín Mantilla, ¿Salgado defenderá los intereses del Estado o los de su partido?
"Si bien tengo un pasado aprista, vengo de un hogar donde mi padre y mi madre sufrieron los embates de un Estado perseguidor y violador de derechos humanos solo por ser apristas. Tengo una convicción clara de lo que significa para el Perú mantenernos en el sistema interamericano, por encima de intereses partidarios. En eso no transo", respondió Salgado.
Sus declaraciones contrastan con su reciente actuación ante la Corte de San José en su calidad de Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, precisamente por el caso Cantoral. Aunque participó como agente alterno, acompañando al titular Ángel Marín, prefirió el silencio ante la posible responsabilidad del comando "Rodrigo Franco" en el asesinato. Y esto a pesar de que es una de las hipótesis que sostiene la Comisión de la Verdad en su Informe Final.
Al respecto, el juez ad hoc de la Corte, Fernando Vidal, opinó que es necesario "que Salgado actúe con la mayor objetividad posible y que recuerde que ante todo está defendiendo al Estado".
Poca experiencia
El ex procurador anticorrupción Ronald Gamarra señaló que en un caso como el de Cantoral, en el que se analiza la responsabilidad de un grupo vinculado al gobierno aprista, no debería participar Salgado. "Tendría que enviarse a otro funcionario porque Salgado en lugar de defender al Estado podría terminar defendiendo los intereses de su partido", dijo. Gamarra añadió que le preocupaba la poca experiencia de Salgado en litigios ante la Corte. En efecto, el abogado y militante aprista acaba de estrenarse en estos oficios ante la Corte de San José.
Datos
ESTUDIOS. Salgado es magíster en Derecho Internacional Económico (PUCP, 1991). También en Ciencias Políticas por la Universidad de Montclair, Nueva Jersey, Estados Unidos (1984).
POSTULACIÓN. Fue candidato a Defensor del Pueblo con recomendación formal y oficial de las Naciones Unidas en 2001 y 2002. Su experiencia en temas de derechos humanos se remonta a su labor en la ONU como observador en esta materia en países como Guatemala.
Salgado y la pena de muerte
Pocos días antes de ser nombrado como secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, el 22 de agosto de 2006, Luis Alberto Salgado cuestionó fervorosamente la intención del gobierno de aplicar la pena de muerte. "La pena de muerte envilece a la sociedad y nos hace peores seres humanos, refuerza la cultura de violencia y de muerte (...), no disuade el delito", escribió como presidente del Instituto de Derechos Humanos (IDH).
Y dijo más: "El Perú ha suscrito y ratificado la Convención Americana de los Derechos Humanos, que impide claramente que se extienda la aplicación de la pena de muerte a nuevos delitos. No cumplir con este compromiso significará, necesariamente, nuestro retiro de la Corte y del sistema interamericano. No es posible la denuncia parcial de este tratado (...), tampoco la convocatoria a referéndum pues tal consulta no puede realizarse para restringir o recortar derechos".
Pero hoy, como funcionario del Ejecutivo, ha bajado el tono de sus críticas: "Es una posición contradictoria (la de García). Hay que armonizar criterios. Tampoco quiero alzar la voz", dijo.
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