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ENCRUCIJADA • En reunión en la PCM, el Premier mostró preocupación por sentencia que obliga al Perú a indemnizar a familiares de terroristas asesinados en Castro Castro, pero reconoce que no hay otra salida.
Por Milagros Salazar.
Foto: Archivo.
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Premier Jorge del Castillo se reunió ayer al medio día con prestigiosos juristas para analizar fallo de la Corte.
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Luego de declaraciones acaloradas que vinieron incluso desde el podio del presidente Alan García, el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que responsabiliza al Estado peruano de la matanza de 41 internos por terrorismo en el penal Castro Castro, se ha empezado a analizar con menos apasionamiento en la Presidencia del Consejo de Ministros. Por lo menos, el sábado último el premier Jorge del Castillo en una primera reunión para analizar el tema admitió, con preocupación, que al Perú no le quedaba otra salida que cumplir con la sentencia.
El premier no habló de desacatar el fallo como afirma que se evalúa el secretario general del Apra Mauricio Mulder, tampoco de someterlo a referéndum como señalaba el ministro de la Producción Rafael Rey ni mucho menos que el Perú deba abandonar el sistema interamericano, según fuentes cercanas a la PCM.
Lo que sí se planteó fue la necesidad de presentar un recurso de interpretación ante la Corte para que se precisen los alcances de la reparación simbólica exigida por esta instancia internacional para los terroristas asesinados mediante un acto público debido a la polémica que ha generado el caso.
"Solo en esto último podría conseguirse algo, pero no respecto al fondo de la sentencia (como el pago de las indemnizaciones a favor de los demandantes). No se puede hacer casi nada. Y eso lo sabe Del Castillo", dijo el abogado Jorge Avendaño, quien participó en la reunión invitado por el Premier.
Estrategia y arremetida
Avendaño descartó haber recibido la propuesta del Ejecutivo para que su estudio de abogados diseñe la estrategia legal durante los tres meses de plazo que existen para responder al fallo. Pero confirmó en que hubo consenso para que en breve se evalúe la contratación de un grupo de abogados no solo en el Perú, sino también en el extranjero si fuera posible.
En la reunión realizada de 10 de la mañana al mediodía se aprovechó la presencia del equipo que recomendó el allanamiento parcial del Estado en febrero de 2006 (es decir, reconocer en parte su responsabilidad por el develamiento de Castro Castro) para arremeter contra el gobierno de Toledo.
El agente del Estado para el caso, Óscar Ayzanoa Vigil, quien también asistió a la cita, fue uno de los más cuestionados. Él dará su versión en las próximas horas. Falta saber si las primeras conclusiones del Premier a puertas cerradas tomarán cuerpo en el Ejecutivo.
Claves
EQUIPO. Edgardo Hopkins , Patricio Rubio y José Burneo integraron la comisión que recomendó el allanamiento parcial del Estado.
REFLEJOS. El ex secretario de la Comisión de la Verdad, Javier Ciurlizza, dijo que el Estado puede solicitar una opinión consultiva a la CIDH para que se pronuncie sobre las graves violaciones de derechos humanos cometidas por los terroristas en el Perú, con el propósito de reiterar lo lesivo de sus acciones en la violencia interna.
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