Poner en primer plano lo accesorio para evitar discutir lo principal es una vieja táctica que fue practicada ad nauseam por el fujimorismo, y que ahora es copiada a la letra por la ultraderecha, que grita a los cuatro vientos que "la CIDH ordena indemnizar a terroristas" evitando pronunciarse sobre la cuestión de fondo, es decir sobre la responsabilidad de quienes ordenaron la masacre selectiva de 41 miembros de SL en el penal Castro Castro en mayo de 1992, un mes después del autogolpe de Fujimori.

Pues se trató de una masacre con nombre propio, realizada sobre presos rendidos que se encontraban bajo custodia del Estado, los cuales fueron asesinados extrajudicialmente durante una intervención armada que utilizó medios muy superiores a los que poseían los senderistas amotinados, quienes se negaban a ser trasladados. Con el pretexto de restaurar el principio de autoridad se elaboró una "lista de la muerte" y se ultimó a quienes se encontraban en ella.

Los responsables de tal masacre tienen nombres conocidos: Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermoza Ríos y deben ser denunciados. Son ellos quienes impartieron las órdenes que culminaron en la eliminación extrajudicial de la cual el Estado peruano ha sido responsabilizado a partir de pruebas concretas: videos de lo ocurrido en Castro Castro y protocolos de autopsia que demuestran que la mayoría de los presos fueron ultimados mediante disparos hechos a corta distancia.

El gobierno, que ha nombrado el 2007 como "año del deber ciudadano" debería comenzar dando el ejemplo, y marcando la distancia ética que lo separa de quienes ordenaron la ejecución de presos rendidos. El silencio del presidente García –que negó siempre su responsabilidad política en las masacres de Canto Grande y El Frontón– lo compromete, pues demuestra un actuar culposo que se niega a efectuar un deslinde imprescindible que ayudaría a diferenciar a una democracia de una autocracia.

El siniestro episodio del fujimorismo que ha motivado la sentencia de la CIDH, un crimen de lesa humanidad que motivó una respuesta asimétrica del Estado –como bien señala el doctor Salomón Lerner, ex presidente de la CVR– no admite justificación. Se puede discutir el monto de la indemnización ordenada, y el Estado peruano está en su derecho al hacerlo, siguiendo el procedimiento denominado "aclaración de sentencia", pero no la responsabilidad política del dictador y sus socios.

El griterío de la ultraderecha y de viejos amigos de Fujimori y enemigos de los DDHH como el señor Cipriani –los calificó de "cojudez" y da muestras de una resistible coherencia al atacar ahora a la CIDH–no logrará opacar un fallo que en las cuestiones de fondo es válido, y que pone al extraditable más cerca del banquillo de los acusados.