|
OJOS QUE NO QUIEREN VER • El juez del segundo juzgado penal supraprovincial archivó la denuncia por la desaparición del periodista de La República, Jaime Ayala, y otras 72 víctimas porque no halló evidencias que responsabilicen a los jefes militares • No valoró que la gran cantidad de hechos en tan corto tiempo son un indicio de una política sistemática y generalizada de violaciones a DDHH.
María Elena Castillo.
 |
|
Periodista Jaime Ayala sufrió persecución en Huanta. Fue desaparecido el 2 de agosto de 1984. Sin embargo, para el juez Omar Pimentel no hay los indicios suficientes para investigar a los militares que dirigían la zona.
|
Un increíble argumento. El juez Omar Pimentel, del segundo juzgado penal supraprovincial, archivó la investigación sobre las denuncias por desapariciones y ejecuciones extrajudiciales en la provincia de Huanta entre julio y agosto de 1984, afirmando que no existen "indicios suficientes o elementos de juicio reveladores" que involucren en violaciones a derechos humanos a los militares que estuvieron a cargo de esa provincia.
Con esta afirmación cerró las investigaciones que responsabilizan a efectivos de la Marina por la desaparición del periodista de La República, Jaime Ayala Sulca, y otras 16 víctimas, así como la ejecución extrajudicial de 50 personas cuyos cuerpos desnudos, atados, con huellas de tortura y orificios de bala fueron hallados en dos fosas en Pucayacu. El juez solamente denunció al jefe de la patrulla que asesinó a 6 evangélicos en Callqui el 1 de agosto de 1984.
Inexplicablemente la resolución judicial asegura que no hay evidencias para investigar a los jefes militares, a pesar de que en el mismo texto enumera a las 73 víctimas, reconoce que fueron afectadas en un período de dos meses por los mismos actores (personal de la Marina) y llevados a la base contrasubversiva de la Marina, ubicada en el estadio de Huanta.
Precisamente estos elementos motivaron a la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) y a la fiscal supraprovincial de Ayacucho para derechos humanos afirmar que se trataba de un patrón sistemático y generalizado de detenciones, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales.
Muchos testigos
 |
|
Indignados Rosa Pallqui y su hijo Boris. Durante décadas han exigido justicia y ahora enfrentan una incomprensible decisión judicial. (Foto. Virgilio Grajeda).
|
"Todos sabíamos lo que ocurría en Huanta. Escuchábamos que por las noches los marinos sacaban a la gente de sus casas y los llevaban al estadio. Veíamos que hasta de día llegaban arrastrando a campesinos y los metían al estadio. ¿Cómo va a decir el juez que los jefes no sabían nada?", pregunta indignada Rosa Pallqui, la viuda del periodista de La República Jaime Ayala, desaparecido hace 22 años, tras ingresar a la base de la Marina.
"En la puerta se veían a los familiares preguntando por los detenidos. Incluso, por esos años un fiscal de Lima investigó las denuncias de desaparecidos y muertos, y se abrió un juicio, que lamentablemente acabó en el juzgado militar", recuerda, sin poder creer que el caso se haya cerrado otra vez.
Sí hay evidencias
El ex secretario ejecutivo de la CVR Javier Ciurlizza Contreras no entiende cómo un juez especializado para ver derechos humanos descarta las evidencias presentadas por la fiscalía y la CVR, y no evalúa las implicancias del dominio del hecho y la cadena de mando, exculpando al entonces jefe del comando Político Militar de Ayacucho, general Adrián Huamán Centeno, al jefe del Comando Político Militar de Huanta y La Mar, Alberto Rivero Valdeavellano, y al jefe de la base contrasubversiva de Huanta, Augusto Gabilondo García del Barco.
"En la CVR fuimos muy cuidadosos antes de pronunciarnos sobre responsabilidades, y al menos en este caso, no nos quedó ninguna duda de que los jefes sabían, permitían y ordenaban las detenciones y ejecuciones extrajudiciales", sostiene.
 |
 |
|
¿Indicios? Arriba: Pucayacu, donde hubo 50 muertos. Otro caso archivado. Abajo: una escena cotidiana en Huanta, campesinos preguntando por sus familiares detenidos.
|
Explica que la resolución del juez Pimentel es incongruente, porque por un lado exculpa de responsabilidad a los jefes, y por otro, narra la desaparición de numerosas personas, ocurridas en un período corto de tiempo, en una misma instalación militar, así como la muerte de una gran cantidad de personas halladas en Pucayacu y de los evangélicos de Callqui.
"Ninguno de estos hechos pudo ocurrir sin el conocimiento de los jefes militares porque el control era muy estrecho. En este caso se trató de un patrón sistemático y generalizado de detenciones, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales, que no se pudo llevar a cabo sin el conocimiento de los superiores", afirma Ciurlizza.
Las primeras voces han comenzado a alzarse por este caso. Los abogados de las víctimas han anunciado que apelarán la decisión ante la Sala Penal. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha invocado a las autoridades judiciales a realizar una justa y seria investigación. Es la única forma de hacer justicia a las víctimas.
Un poco de sentido común
La mayoría de las 300 denuncias de desaparición recogidas por el Ministerio Público en Huanta entre el 1 de enero de 1983 y el 23 de agosto de 1984 sindican al cuartel de la Marina de esa ciudad como el lugar a donde eran trasladados los detenidos. La instalación militar estaba en el estadio de Huanta, ubicado a pocas cuadras de la Plaza de Armas. Entonces contaba con una cancha de fútbol, tribunas y camerinos donde dormían los oficiales.
Detenidos que fueron liberados relataron a la Comisión de la Verdad y Reconciliación que estuvieron en carpas ubicadas detrás de las tribunas que se escuchaban los gritos de los que eran torturados por las noches; y que los guardias que los cuidaban rotaban turno de día y noche. Por un mínimo de sentido común es imposible pensar que todo esto pudo haber sido hecho sin contar con el conocimiento de las autoridades militares de la zona.
|
|
