Edmundo Cruz.
Unidad de Investigación.

El intento de modificar la ley de APCI con el argumento falaz de que se trata de dar transparencia al sector de las ONGs, es otro gesto indicativo de que el gobierno de Alan García puede no haber aprendido la lección. Un análisis somero de los hechos muestra que no es ni transparencia ni fiscalización lo que se busca, porque en buena parte esto funciona con la actual ley. Veamos.

Formalmente las ONGs están exoneradas del pago de impuestos. Pero, en realidad, todas ellas tienen RUC, o sea son contribuyentes, y en primera instancia pagan los impuestos de ley. La exoneración viene a posteriori. Tienen derecho a exigir la devolución del IGV, pero para esto primero deben acreditar ante SUNAT que están registradas en APCI (Agencia Peruana para la Cooperación Internacional). Obtenido el registro, deben presentar sus cuentas a la SUNAT para que ésta les devuelva el IGV. Este trámite supone transparencia y fiscalización. Algo más, en cuanto al respeto de los derechos laborales, son inspeccionadas por el ministerio de Trabajo. Obviamente las más controladas en todos estos aspectos son las ONGs incómodas al sistema político y económico.

El quid del asunto está en la modificación que daría al Estado facultad para "adecuar los aportes de la cooperación internacional a las prioridades del gobierno". Lo ha recalcado el presidente de APCI, Agustín Haya de la Torre, al tiempo de señalar que esos aportes representaron el año pasado el 4% del Presupuesto Nacional. Tal facultad implicaría intervención y la apropiación del aporte de los cooperantes internacionales por el gobierno de turno. Es decir, se estatizaría tal aporte.

Si de transparencia se trata, comencemos con la ONG "Instituto Trabajo y Familia", patrocinadora del programa gubernamental "Sembrando". Como se sabe, esta ONG está presidida por la Primera Dama, Pilar Nores, y su directora ejecutiva fue hasta hace poco la actual ministra de la Mujer y Desarrollo Social, Virginia Borra Toledo de Jiménez.

Tal ONG experimentó recién cambios repentinos. Al 10 de octubre, Registros Públicos reporta como directora ejecutiva a Sara Cisneros Gaviño de Cornejo. Pero, al 31 del mismo mes, según Sunat, dicho cargo fue encomendado a María del Carmen Baertl Jourde. Hermana de José Ernesto Baertl Jourde, gerente comercial de minera Milpo. Empresa que tan afectada se sintiera por los informes sobre contaminación ambiental emitidos por la ONG Labor. Empresa del sector a la que el actual gobierno pasó el sombrero a cambio de aflojar la presión tributaria.

También debería informarse acerca de la relación del presidente Alan García con la ONG "Instituto del Empleo", de la que él fue "asesor" hasta antes de ser elegido. Secretario ejecutivo de la misma ONG es el actual secretario personal del mandatario, Luis Nava G.

Edmundo Cruz.
Unidad de Investigación.

El intento de modificar la ley de APCI con el argumento falaz de que se trata de dar transparencia al sector de las ONGs, es otro gesto indicativo de que el gobierno de Alan García puede no haber aprendido la lección. Un análisis somero de los hechos muestra que no es ni transparencia ni fiscalización lo que se busca, porque en buena parte esto funciona con la actual ley. Veamos.

Formalmente las ONGs están exoneradas del pago de impuestos. Pero, en realidad, todas ellas tienen RUC, o sea son contribuyentes, y en primera instancia pagan los impuestos de ley. La exoneración viene a posteriori. Tienen derecho a exigir la devolución del IGV, pero para esto primero deben acreditar ante SUNAT que están registradas en APCI (Agencia Peruana para la Cooperación Internacional). Obtenido el registro, deben presentar sus cuentas a la SUNAT para que ésta les devuelva el IGV. Este trámite supone transparencia y fiscalización. Algo más, en cuanto al respeto de los derechos laborales, son inspeccionadas por el ministerio de Trabajo. Obviamente las más controladas en todos estos aspectos son las ONGs incómodas al sistema político y económico.

El quid del asunto está en la modificación que daría al Estado facultad para "adecuar los aportes de la cooperación internacional a las prioridades del gobierno". Lo ha recalcado el presidente de APCI, Agustín Haya de la Torre, al tiempo de señalar que esos aportes representaron el año pasado el 4% del Presupuesto Nacional. Tal facultad implicaría intervención y la apropiación del aporte de los cooperantes internacionales por el gobierno de turno. Es decir, se estatizaría tal aporte.

Si de transparencia se trata, comencemos con la ONG "Instituto Trabajo y Familia", patrocinadora del programa gubernamental "Sembrando". Como se sabe, esta ONG está presidida por la Primera Dama, Pilar Nores, y su directora ejecutiva fue hasta hace poco la actual ministra de la Mujer y Desarrollo Social, Virginia Borra Toledo de Jiménez.

Tal ONG experimentó recién cambios repentinos. Al 10 de octubre, Registros Públicos reporta como directora ejecutiva a Sara Cisneros Gaviño de Cornejo. Pero, al 31 del mismo mes, según Sunat, dicho cargo fue encomendado a María del Carmen Baertl Jourde. Hermana de José Ernesto Baertl Jourde, gerente comercial de minera Milpo. Empresa que tan afectada se sintiera por los informes sobre contaminación ambiental emitidos por la ONG Labor. Empresa del sector a la que el actual gobierno pasó el sombrero a cambio de aflojar la presión tributaria.

También debería informarse acerca de la relación del presidente Alan García con la ONG "Instituto del Empleo", de la que él fue "asesor" hasta antes de ser elegido. Secretario ejecutivo de la misma ONG es el actual secretario personal del mandatario, Luis Nava G.