Carlos Castro. Subdirector
Foto: Rocío Orellano.

El último jueves en un mitin de campaña electoral municipal el presidente Alan García dijo a su audiencia: “Yo soy un hombre de izquierda”. Le faltó agregar: Sí, pero gobierno con la derecha. Y es que he buscado en el gabinete un rostro que nos aproxime a la izquierda, y no lo hay. Por el contrario, la derecha está como una cuña instalada en el equipo ministerial. Tampoco he encontrado alguna medida económica que nos aproxime a un gobernante de izquierda. El anuncio más radical en la campaña de AGP –el sobreimpuesto a las ganancias mineras– acabó, como bien lo describió Lourdes Flores, en un pase de sombrero a los empresarios.

Gobernar con la derecha –habrá dicho Alan García– tiene sus ventajas para un presidente que no quiere hacerse olas. La derecha tiene vínculos internacionales con el capital y con la prensa –que hoy lo adula–, y cuenta con voceros mediáticos en la televisión. Imaginamos que luego de la experiencia de su primer gobierno en el que esa misma prensa lo trató como un “apestado” de la política, decidió llevar a algunos de sus representantes a Palacio.

Y, claro, sin oposición (un Ollanta perdido en su laberinto y una Lourdes convertida en rectora) lanza medidas y programas efectistas; pero lo cierto es que no se avizora en el horizonte una reforma de fondo. Ni hablar del capítulo económico de la Constitución de 1979. La única reforma constitucional es la de la pena de muerte, que nos devuelve como país a la barbarie.

Pero no fue su anuncio de “hombre de izquierda” lo único que me llamó la atención del discurso del jefe del Estado. Fue también la forma como se refirió al extraditable Alberto Fujimori, el presidente más corrupto en la historia del país; el gobernante que en vísperas del golpe de 1992 –según confesión de su ex esposa, Susana Higuchi– le ordenó a su socio Vladimiro Montesinos que capturara a Alan García “vivo o muerto”; el dictador responsable de crímenes tan bárbaros como los de La Cantuta o Barrios Altos, solo por citar algunos de sus delitos.

El Presidente llamó “imperio japonés” a Japón (esperamos que no nos pida que seamos súbditos de este imperio). Y luego, seguramente para sorpresa de las centenares de familias presentes en el mitin, muchas de las cuales combatieron al dictador, agregó (cito textualmente): “El gobierno anterior confundió las cosas. Es cierto que hubo un señor Fujimori que tuvo graves pecados, ¿pero eso qué tiene que ver con el segundo país más importante que es el Japón? De manera que para el problema de Japón le dijimos (García se refiere al gobierno de Toledo) al reino de Japón: No queremos ninguna ayuda, no queremos créditos, no queremos donaciones. El gobierno anterior confundió lo que es un tema policial con nuestra relación política; y lo que yo he comenzado a hacer es renovar nuestra relación con Japón, y producto de esa renovación aquí estamos para hacer agua potable con el Japón”.

Lo extraño es que el presidente García ha sostenido públicamente que “el asunto Fujimori es un problema judicial” y sobre él guardará “un prudente silencio”. “No politicemos el tema” ha dicho AGP, y sus ministros y voceros de gobierno han convertido esta declaración textual en su frase favorita, para satisfacción de los fujimoristas.

Japón, o el “imperio japonés”, como lo llama el Presidente, protegió a un mandatario que instaló una mafia en el centro del poder. Lo convirtió en ciudadano japonés y se burló de miles de compatriotas nuestros. Negoció con él como Presidente del Perú, y lo acogió como hijo suyo cuando fugó como un delincuente. Se mostró insensible ante el reclamo del Estado peruano. Tiró al trasto los pedidos para que lo devuelva y sea juzgado por sus delitos. ¿Cómo entonces callarse ante esta afrenta? Alejandro Toledo fue un gobernante que al final se perdió en la telaraña de sus parientes “pirañas”, en su incapacidad para combatir la corrupción, y en la sensualidad del poder, pero, por lo menos, mantuvo el reclamo por la extradición de Fujimori.

Y no se trata, como dice el indulgente García, refiriéndose al extraditable, de “pecados graves”. Esto, si no se ha percatado, es un insulto a los peruanos –entre ellos los militantes apristas– que combatieron a la dictadura en las calles. Si algo revelador tiene el discurso del líder aprista es que nos confirma que los buenos modales que tuvo en la campaña con el fujimorismo se han convertido, a la luz de los últimos acontecimientos, en un pacto. Alianza antinatura que ha llevado a su bancada a respaldar el zarpazo contra las ONGs. Imaginamos la sonrisa del extraditable, allá en Santiago. Las ONGs, que fueron pilares en las denuncias de los abusos y los crímenes del gobierno fujimorista, son hoy las que reciben la amenaza de ser sometidas por el poder político que este gobierno ostenta.

Cien días que nos devuelven a la tradición histórica del Apra. La de pactar con sus perseguidores. Lo hizo con Benavides y con Odría y lo repite ahora con Fujimori.