Si bien en términos generales difícilmente se puede estar en desacuerdo con la anunciada intención presidencial de reivindicar a aquellos miembros de las FFAA que sacaron la cara por el país a pedido del poder político en momentos en que la violencia terrorista amenazaba nuestra existencia como sociedad, lo cierto es que –como en todo– es necesario distinguir la paja del trigo, y por ello el decreto supremo firmado por AGP y el ministro de Defensa Allan Wagner requiere de precisiones en su reglamentación.

Pues es necesario distinguir lo que puede ser considerado como acciones de armas en el ejercicio legítimo de la tarea que les fue encomendada de lo que fueron condenables violaciones de DDHH. Al considerar en bloque todas las situaciones, y afirmar que el Estado asumirá la defensa de los uniformados implicados , se corre el riesgo de terminar defendiendo a los asesinos del Grupo Colina o a autores de matanzas que nada tuvieron que ver con el ejercicio de la legítima defensa. Nos referimos a oficiales como Alvaro Artaza o Telmo Hurtado, comprometidos en masacres y hasta ahora fugitivos.

Como AGP ha hablado de defender a “todos aquellos que sufren acusaciones”, expresión tan general se presta a error. Mucho mejor hubiera sido que aclarara que se asumirá la defensa de aquellos miembros de las FFAA “injustamente acusados”. De este modo se hubiera podido hacer la diferencia entre un millar de efectivos que acuden en calidad de investigados y aquellos otros –suman 292, según informe de la Defensoría del Pueblo– que están comprendidos en alguno de los 24 casos judicializados a pedido de la Comisión de la Verdad por tratarse de violaciones de DDHH.

No es criticable que el Estado quiera defender a efectivos que carecen de recursos para contar con abogados. Sin embargo, tampoco se puede olvidar que en idéntica situación se encuentra el 76% de las víctimas del terrorismo o de la acción equivocada de agentes del Estado –el dato procede también de la Defensoría– y estos peruanos, que en su mayoría son de humilde condición y pertenecen a los departamentos más pobres del país (Ayacucho y Huancavelica), también merecen que el Estado se acuerde de ellos y los defienda.

Cabe recordar, por último, que las FFAA disponen de un Cuerpo jurídico-militar constituido por abogados a cuya formación contribuyen aportando facilidades y recursos. Estos letrados por lo general están destinados a incorporarse a las FFAA de modo a poder trabajar en la justicia castrense. Bastaría que el ministerio de Defensa les encargase asumir los casos de oficiales acusados ante la justicia civil por violaciones de DDHH para salvar el vacío existente, sin que ello implique el empleo de grandes recursos.

Una última reflexión tiene que ver con la necesidad de hacer avanzar el proceso de reconciliación entre peruanos en todos los frentes. La solución adoptada para estos casos que tienen que ver con las FFAA no puede darse de modo aislado y sin enfocar también el problema de las reparaciones materiales a las víctimas del terrorismo, aun en sus inicios.